La crisis que está viviendo Ecuador en estos días debe tomarse como una lección para la aplicación de la revocación de mandato en América Latina. Es necesario, antes de cualquier análisis, tener en cuenta lo que hace ya muchos años escribía Raymond Aron: “Para que las sociedades heterogéneas acepten el diálogo entre los grupos, entre los electores y los elegidos, entre los gobiernos, es necesario, no que ningún grupo no pretenda detentar la verdad última, pero sí que ninguno tenga un poder suficiente para imponer por la fuerza una obediencia que él tiene por última” . Pues en Ecuador, parece que todos tienen la última verdad y prueban el poder para imponerla sobre los demás.
La crisis actual tiene larga data, viene desde la segunda mitad del siglo pasado. Ahora, se intenta defenestrar a Guillermo Lasso. Antes, en 1997, se dio la destitución del presidente Abdalá Bucaram, con el cargo de incapacidad mental, acto que fue sometido a un referéndum ex post, para intentar legitimar dicha destitución. Este presidente duró en el poder sólo cinco meses, de agosto de 1996 a febrero de 1997. Aunque la Constitución de 1998 recogió la propuesta de incluir la revocatoria de mandato, la limitó a alcaldes, prefectos y diputados de elección popular por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de su plan de trabajo, dejando fuera el cargo de presidente de la república.
Después se dieron dos destituciones más, la de Jamil Mahuad, por golpe de estado, hecho con el apoyo de una movilización indígena y oficiales medios, que depusieron a Mahuad el 21 de enero de 2000. Se proclamó una “junta” y después un triunvirato, que duró unas horas. Luego se posesionó del mando el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano. En 2002 ganó las elecciones el coronel Lucio Gutiérrez, líder del golpe de enero de 2000, con apoyo de su propio partido (PSP), Pachakutik y MPD.
Al inicio de 2005 Gutiérrez enfrentó creciente oposición. Un alzamiento masivo de Quito empujó a las Fuerzas Armadas a desconocer al gobierno y al Congreso a destituir al Presidente, reemplazado el 20 de abril por el vicepresidente Alfredo Palacio.
En la elección del 26 de noviembre de 2006 triunfó Rafael Correa, un candidato que prometió combatir el neoliberalismo con reformas radicales. Su gobierno se inició en medio de grandes expectativas, en enero de 2007. Inmediatamente propuso una nueva constitución, pero se vio obstaculizado por el congreso, donde no tenía mayoría. Tras una disputa entre el legislativo y el judicial, son destituidos 57 diputados y se logra una mayoría oficialista, que somete a referéndum la creación de la asamblea constituyente. Es decir, se utiliza a la democracia directa para ganar legitimidad.
No fue sino hasta la Constitución de 2008, en que Rafael Correa, presidente de izquierda, logra incluir la revocación de mandato a nivel presidencial, su discurso consistió en «la lucha por una revolución ciudadana, consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente», visibilizó, además, a los pueblos indígenas. Aprendió Quichua.
En este periodo, desde finales del siglo pasado hasta nuestros días, se ha dado un vigoroso despertar de los pueblos indígenas, que avanzó en la conciencia de la diversidad de la sociedad ecuatoriana y la necesidad de preservar los valores de todos sus componentes mestizos, indígenas y afro-ecuatorianos. Se abrió paso un nuevo proyecto nacional de la diversidad, que puja por el gran esfuerzo de forjar una sociedad intercultural. No hay que olvidar que ha tenido a la Bolivia de Evo Morales como escaparate en su frontera.
Rafael Correa gobernó el país de enero de 2007 hasta el 24 de mayo de 2017, dándole la mayor estabilidad que ha tenido este país en un siglo. Le sucedió Lenin Moreno, quien en los dos primeros periodos de Correa, fue su vicepresidente. Sin embargo, Lenin Moreno siguió una línea de confrontación contra el “correismo”, juzgando a Rafael Correa y condenándolo en ausencia en 2017. Éste vivió como asilado político en Bélgica, pero su movimiento, Alianza País, sigue con gran fuerza en Ecuador.
Correa y Lenin Moreno siguieron en una confrontación directa debido a los retrocesos de este último en las políticas sociales. En febrero de 2019, Rafael Correa, junto con un grupo de asociaciones políticas de izquierda, formularon una solicitud para la revocación del mandato de Lenin Moreno, acusándolo de haber incumplido las promesas de campaña. No prosperó la revocatoria de mandato por cuestiones de un procedimiento regresivo que, con toda claridad, el presidente Lenin Moreno no se haría el harakiri si no contaba con la certeza de que la revocación se convertiría en ratificación y se hace nugatoria toda posibilidad de aplicación efectiva de este instrumento de la democracia directa.
El Movimiento CREO de Guillermo Lasso lo había postulado en tres ocasiones, pero ganó en 2021, es un movimiento conservador neoliberal, derrotó a André Arauz, del Partido Fuerza Compromiso Social, un partido de izquierda apoyado por el expresidente Correa.
Ecuador vive un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y al que se han sumado otros colectivos sociales. Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, hasta el jueves 23 de junio se habían registrado en el contexto de las manifestaciones cinco personas fallecidas, cinco desaparecidos, 166 heridos y 108 detenciones.
Los asambleístas piden que se debata el tema de la destitución de Guillermo Lasso invocando el artículo 130 de la Constitución de Ecuador, que establece que el Parlamento puede destituir al mandatario en los siguientes casos: Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional y por grave crisis política y conmoción interna. El mismo Lasso publicó un decreto que declara estado de excepción en varias provincias por las protestas y la existencia de una “grave conmoción interna”. Le faltó leer esa parte de la Constitución.
Es difícil llegar a la destitución porque, ante la inoperancia de la figura de revocación de mandato, los legisladores idearon otra fórmula conocida como “Muerte cruzada”, que consiste en la aplicación del artículo 130 de la Constitución. Los parlamentarios pueden destituir al presidente con los dos tercios de los votos, es decir, 92 asambleístas, le sucede el vicepresidente, pero en un plazo de siete días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. Es decir, se quita al presidente, pero se tiene que renovar también al legislativo. Esa es la Muerte cruzada.
Sólo la fuerza del descontento social podría forzar a los asambleístas a destituir a Guillermo Lazo, obviamente, con un costo en vidas humanas no deseado, es inaceptable la declaración gubernamental de daños colaterales. La lección consiste en establecer en la constitución una redacción clara, viable y efectiva de la revocación de mandato, sin otras condiciones que el incumplimiento de las obligaciones básicas de gobierno de cualquier ejecutivo.
