Es conocida la decisión del Rey Salomón, que ante dos reclamos justos y apegados a la ley, ofreció partir el cuerpo u objeto de la reclamación para que cada parte tomara su porción, por lo que cada uno de ellos se tuvo que ir con su reclamo sin haber obtenido el objeto.
Pues bien, la decisión de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, dejó a todos con sus argumentos pues, a diferencia del discurso presidencial, no declaró ni la constitucionalidad ni la inconstitucionalidad de la misma.
Simplemente no se alcanzaron los votos para que se cumpliera la formalidad y se desecharon las demandas que dieron lugar al fallo. Con eso, los cuatro ministros que votaron a favor de la constitucionalidad dejaron satisfecho al presidente y a salvo los derechos de los quejosos, que son cientos, para su ejercicio mediante juicios de amparo.
Políticamente, aunque no es su función, le dieron un triunfo pírrico al gobierno y al discurso presidencial, que ha hecho del rescate de la Comisión Federal de Electricidad una cruzada ideológica y que ha dado lugar a la más grave aseveración que haya dicho un presidente de la república: “Que no me vengan a decir que la ley es la ley”. El presidente que juró cumplirla diciendo que la ley no le importa y que los ministros debieran atender primero el interés público.
Puntualicemos algo; es muy diferente el interés público, al interés gubernamental. Al gobierno le interesa fortalecer a la CFE en sus finanzas y por ello, le devuelve el carácter monopólico que tuvo hasta 2014 en la generación de energía, para recobrar como clientes a los altos consumidores que aprovechando la apertura de la ley vigente, hasta antes de la reforma, adquirían energía de productores privados a menor costo y con mayor eficiencia que la que proporcionaba la CFE.
El gobierno aduce, que los contratos relativos están plagados de corrupción y las autorizaciones y permisos expedidos acarrean ventajas indebidas a los productores privados, principalmente por los estímulos que la ley otorga a quienes producen energía limpia. Simplificado así el asunto, nos queda preguntar, en dónde radica el interés público, en el fortalecimiento de las finanzas de una empresa ineficiente o en el impulso a la generación de energías limpias y baratas. No es, como se ha dicho, un asunto de soberanía, pues la rectoría en el sector pertenece íntegramente al Estado que cuenta con organismos reguladores independientes para garantizar la equidad en la competencia y la cantidad de energía que se sube a las redes de su propiedad y absoluto dominio.
No se encuentra el interés público en el que la CFE recupere el monopolio sobre la electricidad en el país, pues esto no significa que vayan a bajar las tarifas o que la ampliación de la capacidad de generación, necesaria para el crecimiento económico y satisfacer a la población, sea con técnicas no contaminantes y más económicas. Es evidente que en la disputa no resuelta en la corte tiene orígenes en fijaciones ideológicas queriendo aplicar criterios de 1960 a condiciones de un nuevo siglo.
Es muy riesgoso para la estabilidad económica del país, que algunos de los ministros de la Corte, para complacer al presidente, hayan provocado que los litigios existentes y por venir, se multipliquen y prolonguen, cuando tenían la oportunidad de resolver, con estricto apego a derecho, lo que 7 de 11 consideraron como inconstitucional. Incluso, atendiendo al interés público que señalaba el presidente, es de mayor interés el crecimiento, la recuperación de la economía nacional que el salvamento de las finanzas de la CFE. La retracción de la inversión en México, que ya tiene 3 años retraída y mantiene los indicadores de crecimiento en constante declive, se origina en la incertidumbre que genera un sistema de impartición de justicia ideologizado, complaciente, colonizado y timorato, como se vio en la reciente decisión.
El interés gubernamental no está, como lo dice el discurso presidencial en atender los rezagos y superar desequilibrios sociales. Es evidente que los rescoldos ideológicos de su formación política les impiden pensar como estadista y los lleva a imaginar que con el control de masas a costa de sacrificar la inversión pública, podemos ser una sociedad más igualitaria. La retórica demagógica con la que se pretende sostener esta pretendida reforma energética, suena muy bien en el discurso para la plaza pública, pero está muy lejos de representar beneficios para el interés nacional.
Con la resolución de la Corte debieron quedar satisfechos Manuel Bartlett, Rocío Nahle y la corte presidencial, pero su contento saldrá caro. La otra batalla está por darse esta semana, en la que habrá de discutirse la reforma constitucional en materia de energía. De proceder en sus términos, habrá graves consecuencias a la economía nacional y la Secretaría de Hacienda haría bien en prepararse para una casi segura reducción en la calificación de la deuda mexicana, con todo lo que ello acarrea.
