Norberto Alvarado Alegría
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, publicado por la organización Transparencia Internacional, nuestro país se encuentra en el lugar 126 de 180 países comparados, con una calificación de 31/100; este índice clasifica 180 países y territorios según las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público, en una escala de cero a cien, en la cual cero equivale a muy corrupto y cien a muy baja corrupción, y que revela que el Poder Judicial en América Latina no está cumpliendo su papel crucial de contrapeso de los otros poderes del Estado. El mayor índice lo ostenta Canadá con 76 puntos, y el menor Venezuela con 17 puntos, en el continente.
El resultado es muy puntual, la ausencia de independencia judicial debilita el estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y poderosos, por lo que abordar este problema resulta imprescindible, más en la actual situación en que se encuentra México, para combatir la corrupción de manera eficaz y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, con una serie de reformas constitucionales y legales recién aprobadas, y otras en proceso, que incluyen la Reforma Judicial, la Supremacía Constitucional, la prisión oficiosa preventiva, el sistema nacional de seguridad pública, y la desaparición de siete organismos autónomos constitucionales, además de la implementación de un nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares, y de un proceso novedoso, complejo y altamente criticado de elección de juzgadores federales ya corriendo, y locales en su momento.
Desde 2013 a la fecha México no se ha movido mucho, para la gran mayoría de los ciudadanos la corrupción constituye un problema serio. Es un problema serio por la extensión del fenómeno y la frecuencia con que ocurre y a las consecuencias generalizadas que acarrea, pues 8 de cada 10 mexicanos consideran que las prácticas de corrupción son muy frecuentes, y que permiten que se comentan delitos de alto impacto, según la encuesta 2019-2024 de la organización nacional Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Más allá de las calificaciones de aprobación de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, el resto de las instituciones y actores políticos a nivel nacional tienen una mala calificación, lo cual se replica en gran parte del territorio nacional con gobernantes y legisladores locales, salvo algunas entidades y municipios.
El desprestigio del ejercicio del servicio público nacional en México es evidente y lastimoso para la sociedad en general; tiene varias causas y hace años que son conocidas y repudiadas por la sociedad: ineficacia, corrupción, desviación y abuso de poder, clientelismo, compadrazgo, nepotismo y enriquecimiento ilícito de los funcionarios y servidores públicos, son las más graves de las causas que explican el bajísimo nivel de confianza que hoy tienen los ciudadanos en los gobiernos y que colocan a estas estructuras burocráticas con un alto nivel de percepción negativa, junto con la policía, que es parte de la estructura pero se mide por separado.
Mientras los niveles más altos de percepción de confianza se concentran en el ejército y la marina, los partidos políticos, ministerios públicos y legisladores, así como el IMSS y PEMEX, figuran dentro del grupo de instituciones que en México tienen la peor reputación entre la opinión pública, más allá de los resultados electorales y de la conformación de las mayorías parlamentarias.
Este hartazgo social se manifiesta en la casi nula importancia que le damos a los temas y decisiones políticas, la democracia, como lo predijo Norberto Bobbio no ha permeado la totalidad de las estructuras del Estado, pues estas decisiones que complicarían la gobernabilidad, hoy en México pasan inadvertidas, y esto permite que lejos de restar legitimidad a las decisiones del gobierno federal y su mayoría en el Congreso de la Unión y en los gobiernos estatales y municipales, se consoliden sin la menor inmutabilidad político social.
Desgraciadamente, lo mismo ocurre con las instituciones encargadas de prevenir, castigar y corregir o reparar los delitos, los actos de corrupción y los conflictos entre particulares. La percepción de los jueces y magistrados también se encuentra muy mal calificada.
El circuito formado por las instituciones dedicadas a la seguridad, la procuración y la administración de la justicia, son de las que mayormente desconfía la población; los ciudadanos somos escépticos del aparato de justicia nacional, y peor de los locales, a los que ven como una red al servicio de la corrupción y el clientelismo desde hace muchos años según María Amparo Casar. Este escenario lo aprovechó mediáticamente el expresidente López Obrador y lo aprovecharon los legisladores de Morena y sus adversarios, para generar una serie de reformas constitucionales, que no han acabado, y que sin duda cambiaran la fisonomía de la administración de la justicia en México.
Aquellos países con niveles de percepción de la corrupción más elevados son también los que tienen instituciones políticas y jurídicas más débiles, y las que experimentan menor aceptación. En el contexto de la baja eficacia que han logrado hasta ahora los instrumentos técnicos y las instituciones jurídicas encargadas de prevenir, combatir y castigar la corrupción y la delincuencia en México, los índices de la presencia de esta conducta negativa van en aumento.
El proceso de elección de jueces y magistrados federales no garantiza un cambio mágico; el diferendo entre el INE y los poderes ejecutivo y legislativo pone gran presión y se augura que dejará cuentas poco claras en la integración del poder judicial federal. Hoy comienzan a escucharse historias sobre cómo se aumentaron los registros de aspirantes de la noche a la mañana para llegar a casi cincuenta mil inscritos, lo cual genera incertidumbre entre las instituciones serias ante un aparente acarreo digital de candidaturas, del cual los medios nacionales y extranjeros ya dan cuenta. Mientras corre el plazo de 180 días que el Poder Reformador estableció a las 32 entidades federativas para hacer las modificaciones a su marco legal en la misma materia.
Sin duda el Poder Judicial Federal no logró construir un discurso, ni un mensaje semánticamente eficaz sobre la importancia de su trabajo, y el valor que institucionalmente tiene un poder autónomo, independiente y técnicamente capacitado. La actuación de algunos ministros, magistrados y jueces federales -hombres y mujeres-, los llevó sin duda a autoconsiderarse como jueces-héroes al nivel de Júpiter, Hércules o Hermes, según el modelo que se quiera elegir en la clasificación de Ronald Dworkin. Y de la cual no estarán exentos los juzgadores de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, se perdieron en la soberbia, y acabaron como Belerofonte que tentó tanto a su suerte y cabalgando sobre Pegaso a lo más alto del cielo en un intento estúpido y engreído de unirse a los dioses del Olimpo, cayó a tierra y se mató.
Finalizo con la advertencia de Luciana Torchiaro consejera de Transparencia Internacional, en Latinoamérica, los países de la región deben esforzarse por tener poderes judiciales independientes para garantizar la rendición de cuentas y la justicia. No hacerlo erosiona los cimientos de la democracia y el estado de derecho. El debilitamiento continuo de los pesos y contrapesos sólo fomentará la impunidad de los corruptos y las elites, en detrimento de las personas y del bienestar colectivo.
