Este miércoles 1 de septiembre entró en vigor la nueva Ley sobre el Outsourcing, misma que prohíbe la subcontratación de personal, pero permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de las empresas.
Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro (Coparmex), Jorge Luis Camacho Ortega, lamentó que no se haya dado una prórroga a dicha normativa; pues recordó que las instancias gubernamentales y públicas deberán adecuar su plantilla laboral sin subcontratación para el 1 de enero de 2022.
“En Coparmex lamentamos que no se haya dado una prórroga, como se está dando para las empresas públicas. Al sector privado se le limita en tiempo, y el día de hoy entra en vigor (…).Lo lamento, porque ha sido la primera reforma en esta administración federal que se negoció entre el gobierno, la iniciativa privada y el sector social, y que, por no dar el tiempo suficiente, se puede venir abajo”.
Camacho Ortega estimó que son alrededor de 106 mil empresas las que ya iniciaron su trámite ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), pero sólo 48 mil 444 han obtenido dicho registro.
Esto, puntualizó el empresario, pone en riesgo miles de empleos e incluso el posible cierre de empresas en por lo menos tres sectores de la economía, como son la construcción, seguridad y el de servicios de promoción de productos en pisos de venta.
En Querétaro, estimó el presidente, alrededor de un 60 por ciento de las empresas que ofrecen un servicio de subcontratación han podido registrarse ante el REPSE, lo que los vuelve vulnerables a recibir sanciones de hasta 4 millones de pesos al 40 por ciento de empresas que no han podido iniciar su trámite, entre otras circunstancias, por tener pendientes con el SAT, el IMSS o el Infonavit.
Ante ello, Jorge Luis Camacho confió en que el Gobierno Federal pueda reconsiderar dar una nueva prórroga, para que sector público y privado haga las medidas conducentes antes del 1 de enero de 2022; y que las autoridades otorguen plazos y no comiencen en este mismo mes a fiscalizar a las empresas.
