ÁNGEL ALVARO PEÑA
La Confederación Patronal de la República Mexicana ha dicho que es profundamente política, pero convencida de que es apartidista. En un mundo de definiciones obligadas, en medio de un país polarizado y de frente a las campañas políticas, esta agrupación de empresarios sigue pugnando por convertirse en una fuerza política.
Los empresarios mexicanos están presentes en todos los partidos, no hay uno solo que pueda decirse libre de empresarios, tampoco hay un instituto político que asegure que todos sus militantes lo son. Lo cierto es que quieren participar en la política e influir, desde ahora, en los resultados de las urnas.
En México existen diferentes agrupaciones de empresarios, divididos según su giro, pero ninguno tan activo políticamente como la Coparmex. Las declaraciones de su cúpula son continuas y su defensa por los intereses de una minoría son públicos.
Ante este panorama, la organización patronal organiza encuentros denominados “Diálogos por un México con Desarrollo Inclusivo”, donde invitó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera.
Tanto la Coparmex como los miembros del Tribunal, deben guardar las formas, aunque en sus actividades diarias estén dedicados a defender a algunos candidatos con quienes coinciden en sus intereses, no con sus ideas, y menos aún con sus discursos.
Al hacer público este encuentro no sólo muestra su parcialidad ambos organismos, sino que levantan la mano para mostrar de qué lado de las urnas están. Acostumbrados a colocar guardias en sus supermercados estratégicamente por si acaso el cliente quiere robarles, así, con esa mentalidad elemental, convocan a los magistrados a hablar del desarrollo inclusivo, es decir, de procurar la equidad, pero cómo conducirse con equidad ante la permanente sospecha de un delito, donde el tribunal electoral es quien recibe posibles quejas, inconsistencias, posibles fraudes, impugnaciones, etc.
Es decir, los empresarios de la cúpula de Coparmex dan por hecho que habrá ilegalidad, que es el momento en el que entra en escena el Tribunal. La Coparmex no le apuesta a las elecciones tranquilas, honestas, transparentes, en paz, sino que anuncia desde ahora conflictos que sus integrantes podrían provocar, sólo así se justifica tanto interés por el delito electoral.
Anunciaron los empresarios que ese encuentro tuvo el objetivo de fortalecer los lazos entre ambos organismos en el contexto del proceso electoral 2023-2024. Durante el encuentro se destacó la importancia de la independencia, imparcialidad y autonomía del TEPJF para asegurar la paz social y la estabilidad una vez concluido el mencionado proceso.
La paz social se garantiza sin delitos electorales y al no haberlos el Tribunal Electoral nada tiene que hacer, pero los integrantes de la Coparmex muestran, al invitar a los magistrados, que habrá conflicto y los ministros al aceptar, confirman que los habrá.
La invitación de una organización y la aceptación de la otra tergiversan los principios de legalidad, y no porque cometan un delito, sino porque dan por hecho que sucederán transgresiones electorales antes, durante y después de la jornada electoral. Puede que los haya, pero ellos son los menos indicados para anunciarlos.
En dicho encuentro, la magistrada Soto Fregoso aseguró que el Tribunal está preparado para defender los derechos político-electorales de la ciudadanía y tomar las decisiones finales en el proceso electoral, garantizando así la legalidad de cada voto. Esa es su labor y no tiene por qué anunciarla. La obviedad de su discurso acusa pronóstico delictivo, que bien podría interpretarse como una intención de desestabilizar las elecciones, afectar la democracia y desinhibir la participación ciudadana.
Es como si en una fiesta de jóvenes haya una instancia social que rodea el lugar del encuentro con jueces, no con policías, sino con magistrados, para que a la hora el delito ya conozca la sentencia. Es decir, las evidencias, acusaciones, careos y presunción de inocencia salen sobrando. Lo cual, llevado a las elecciones se convierte en un peligro para la vida política y la democracia de México.
El temor que algunos protagonistas de la escena electoral han querido infundir tiene dos objetivos con los que comulgan la Coparmex y el tribunal, al parecer: primero que haya poca participación, porque al ser un número reducido de votantes los partidos con poca aceptación no perderían su registro y, por otra parte, reducir al máximo la aceptación popular el partido de la mayoría.
José Medina-Mora, presidente de la Coparmex, también auguró futuros delitos electorales al expresar que tiene confianza en el Tribunal, y reiteró el apoyo de la Confederación al cumplimiento de la ley y la promoción del avance democrático en México.
Ambas instancias dicen que el encuentro tuvo como fin mostrar el esfuerzo conjunto por mantener un ambiente de estabilidad, paz social y respeto al Estado de Derecho en el marco del proceso electoral, reforzando así la confianza en las instituciones electorales y en el desarrollo democrático del país, como si la Coparmex, su cúpula e integrantes fueran autoridad electoral, cuando en realidad deben ser actores en lo individual y no un estorbo a la democracia como grupo de presión. Un grupo injerencista en atribuciones que no les corresponde ejercer.
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