Por una #SociedadHorizontal
En un análisis sobre la reforma comicial propuesta por AMLO, el INE ha publicado que debido a ésta, “el gobierno interferiría en la conformación del listado nominal, afectando la certeza”. Además, el organismo establece que “se incumplirían principios de paridad y equidad de la contienda, disminuyendo de 65 a 25 las postulaciones por acciones afirmativas, afectado a los grupos históricamente discriminados”. Adicionalmente, “colapsaría áreas clave para la organización de la elección nacional y locales de 2024, por la fusión, eliminación y adelgazamiento de estructuras, así como por la sobrecarga de trabajo y nuevas atribuciones”.
Especial preocupación implica la virtual destrucción del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Subraya que “la sustitución del personal profesional por contrataciones temporales, de gente que no se habrá sometido a estrictos procesos de selección como el concurso público para el ingreso, no permitirá garantizar la independencia, profesonalismo, solvencia técnica y compromiso de quienes se recluten de manera ocasional”. El informe concluye que con la reforma habrá “repercusiones negativas” y “riesgos severos” en la organización de los procesos venideros.
De esta forma, ante la advertencia de que estas modificaciones suprimen el 84.6 por ciento de la plantilla del llamado SPEN, Morena respondió que la eliminación es solo del 27 por ciento de directivos y conserva al personal administrativo, así como la operación “normal” de los módulos de atención ciudadana. El partido en el gobieno ha argumentado que “sólo tocaría a la burocracia dorada del INE… pues se elimina la duplicidad de labores”.
Diversos analistas consideran que las disposiciones ahí contenidas podrían conducir a la nulidad de los comicios en la elección presidencial de 2024. El Consejero electoral Ciro Murayama sintetiza tres problemas estructurales que, los cambios generarían para el actual modelo electoral: 1) Impedir el trabajo territorial de la autoridad electoral; 2) Afectar el funcionamiento de las casillas; 3) Obstaculizar el regreso de los paquetes electorales al INE.
Ante esta situación, el instituto ha interpuesto recursos ante la SCJN para impugnar estas modificaciones. A la par, legisladores de oposición también han presentado acciones de inconstitucionalidad ante el máximo órgano judicial contra la Ley General de Comunicación Social, por considerar que las finanzas de todos los medios de comunicación del país se verán comprometidas, al mismo tiempo se permite que los gobernantes usen recursos públicos para influir en campañas electorales. Cabe recordar que la nueva ley de responsabilidades administrativas ha aprobado equivocadamente que las manifestaciones de los servidores públicos no constituyen propaganda gubernamental sino “un legítimo ejercicio de su libertad de expresión”.
Pese a las muchas cosas perfectibles que tiene nuestro marco electoral, hay que tener conciencia de que los comicios de 2024 están a la vuelta de la esquina. La falta de acuerdos amplios ante estos cambios pondrían en riesgo la credibilidad del árbitro electoral. De continuar por esa ruta, el país corre el riesgo de desgarrarse y partirse en dos. Imágenes como las del capitolio del pasado 6 de enero de 2022 y la reciente toma del Congreso en Brasilia son un riesgo claramente previsible. La SCJN debería votar en contra de estos cambios en tanto no cumplen con la esencia de lo que se mantiene acordado en nuestra Carta Magna: un consenso que garantice la organización de procesos electorales libres, equitativos y confiables para todos los participantes, no solo para unos cuantos.
Ante el arranque del período legislativo trae consigo la muy probable aprobación de algunas partes del llamado Plan B que quedaron pendientes, por lo que el debate real será en la SCJN. Por el momento, al menos 50 organizaciones civiles han convocado a una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México para el próximo 26 de febrero, bajo la consigna de #MiVotoNoSeToca. Los organizadores anunciaron que demandarán a la SCJN que resuelva los recursos de inconformidad contra lo aprobado en el Congreso. Por su parte, el presidente López Obrador criticó que la oposición y organizaciones civiles convoquen a una nueva marcha y anunció que alista para el 18 de marzo un mega festejo en el Zócalo capitalino.
La #Sociedad Horizontal deberá informarse, comunicarse y organizarse de manera exponencial para llegar a todos los ámbitos posibles y alzar la voz ante quienes integran la Corte. Ha llegado el momento en que sea ese músculo social el que verdaderamente defina el rumbo del país.
