En lenguaje futbolero para que se entienda mejor, imagine que se está jugando un partido donde uno de los equipos va ganando dos a cero y el dueño de ese equipo y el director técnico amenazan y agreden al árbitro por haber expulsado a dos de sus estrellas, uno por cometer un penalti y el otro porque aun cuando le dio sus datos al director técnico este no lo incluyo en el informe.
En eufórica reacción no solo exige que el silbante rectifique, sino que también se le destituya y no solo a él, habrá que correr igual a toda la comisión de arbitraje, pero todo esto, sin que importe que las faltas han sido claras y que el resto del equipo no haya sido sancionado, ni los goles anulados.
Algo así es lo que está sucediendo con el Instituto Nacional Electoral y el partido Morena, al que poco le importa, al parecer, el desarrollo del proceso electoral en el marco de un cuerpo de leyes que ellos mismos impulsaron cuando eran oposición pero que hoy les parecen injustas, o cuando menos incómodas. Las últimas resoluciones del Instituto electoral, en particular la relativa a la sobre representación en la Cámara de Diputados y la cancelación del registro como candidatos de Raúl Morón en Michoacán y Félix Salgado Macedonio en Guerrero, junto con otras decenas de compañeros, han sido motivo de vitriólicas intervenciones públicas, tanto del presidente de la república, erigido en líder partidista de facto, como del candidato guerrerense y el presidente formal del partido. Para ellos, poco importa que la ley sea clara en los dos puntos en controversia, el INE y cuando menos dos de sus consejeros deben ser separados porque “no entienden la transformación y protegen intereses del pasado”. No hay un argumento jurídico, ni siquiera un reconocimiento de errores para solicitar respetuosamente a la autoridad que reconsidere, solo soberbia y exigencia de plegarse a sus deseos.
En un exceso de arrogancia anuncian que habrán de recurrir al Tribunal Electoral, quizás confiados en que en ocasiones anteriores esta autoridad ha favorecido sus planteamientos, sin dejar de amenazar con impedir las elecciones en Guerrero, con tomar las calles y llevar la protesta y la condena a la institución electoral a todos los medios posibles. Es paradójico que actúen como oposición cuando ya son gobierno e impugnen leyes y procedimientos que ellos mismos promovieron y sus legisladores aprobaron, precisamente para evitar abusos de partidos mayoritarios.
Es, cuando menos incongruente, que emprendan semejante campaña de condena contra la institución, que está a la vez reconociendo la legitimidad del resto de sus candidatos, los que sí cumplieron con la norma, sin aceptar que fueron cuando menos omisos o muy soberbios, al no responder la notificación que formalmente les realizó el INE del incumplimiento en que habían incurrido. El INE ha sido puntual en el seguimiento de procedimientos y cumplimiento de resoluciones del propio Tribunal Electoral, lo que no se puede decir del partido inconforme, al que tuvieron que forzar mediante sentencias hasta a la elección de su propia dirigencia. El respeto a la ley pues, no parece ser el fuerte de este instituto político. La conducta que ha seguido en estos casos, no permite pensar que el proceso electoral del próximo mes de junio vaya a ser una muestra de civilidad democrática y en cambio puede transformarse en una arena donde los inconformes con los resultados quieran linchar al árbitro.
Poco se puede esperar de la máxima autoridad de este país, cuando públicamente ha tomado partido y cuestiona severamente a la institución que condujo y dio legitimidad a su propio proceso electivo; cuando se erige en dirigente y furioso militante en lugar de garante de la institucionalidad y la estabilidad democrática para la conducción pacífica y con certidumbre de los procesos electorales. Para él, la autoridad será justa si sus decisiones favorecen a su partido y sus intenciones transformadoras, pero será atrozmente conservadora y corrupta, emisaria de intereses opuestos a su transformación, si sus decisiones no le traen beneficio, no importa lo que diga la ley, lo importante es el propósito y para ello, la ley puede obviarse.
Lamentable que el presidente de un partido adopte actitudes de agitador y no de sensato protagonista de la vida nacional, pero más lamentable es que quien debe ser el garante del cumplimiento de la ley, la máxima autoridad del país se convierta en litigante activo en pro de un instituto político y descalifique a una institución por todos reconocida, que ha conducido además miles de elecciones, ha realizado miles de procesos verificadores, impuesto cientos de sanciones y multas a todos los partidos, pero que a sus ojos es hoy no confiable, solo por aplicar la ley en contra de candidatos omisos y arrogantes para los que los procedimientos son estorbo.
Guerrero y Michoacán son estados en donde actúan organizaciones y grupos al margen de la ley y es muy grave que quienes aspiran a gobernar esas entidades estén exhibiendo poco respeto a las mismas, es una mala señal.
No basta el respaldo popular para legitimar un régimen, hace falta autoridad moral, decencia, responsabilidad cívica y sentido de la vergüenza.
