La proposición de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de construir un millón de viviendas durante su sexenio con ayuda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una propuesta integral que busca sanar las finanzas del instituto, aseguró la Dirección Sectorial de los Trabajadores (DST) del organismo.
La DST señaló que el sector de los trabajadores del Infonavit es un aliado para lograr construir un millón de viviendas y alcanzar las metas de vivienda de la próxima administración con el proyecto “El Infonavit que queremos las y los trabajadores”.
“Esta propuesta integral busca sanear las finanzas del Instituto y garantizar este derecho laboral”, expuso en un comunicado.
Mario Macías Robles, titular de la DST, comentó que la propuesta -elaborada tras seis años de diálogo con derechohabientes y empresarios- incluye habilitar reservas territoriales, reactivar líneas de crédito, simplificar trámites, aplicar estímulos fiscales y mejorar la cobranza.
Asimismo, propone un complemento a tasa cero para el crédito de trabajadores con menores ingresos, ajustado a su salario, entre otras acciones a favor de la vivienda social.
“El proyecto también tiene como objetivo aumentar la colocación de créditos hipotecarios, que ha disminuido un 17.14 por ciento entre 2019 y 2023, lo que afecta especialmente a los trabajadores de menores ingresos con una reducción del 26.8 por ciento”.
Así como disminuir el Índice de Cartera Vencida que alcanzó el 17.46 por ciento hasta mayo de 2024, según datos del Instituto.
“Mantener la tendencia actual afectará los recursos del Infonavit y el patrimonio del trabajador, al reducir el rendimiento del ahorro que genera el descuento del 5 por ciento en su nómina”.
Macías Robles, agregó que, además limitará la capacidad del Instituto para otorgar créditos de vivienda, lo que impacta a 77 millones de derechohabientes.
Por ello, dijo, el sector laboral llama a fortalecer la estabilidad financiera del Instituto y proteger los derechos de sus afiliados.
“Los más afectados son los trabajadores, especialmente los 5.5 millones con menores ingresos. Si el Instituto cae en quiebra, no podrán recuperar su ahorro ni acceder a una vivienda de calidad para ellos y sus familias, perdiendo el sentido social del Instituto”, puntualizó.
