El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, confirmó la detención de 12 personas y su presentación ante audiencia inicial como parte de las investigaciones por el presunto fraude cometido a través de cajas populares, particularmente en el caso de la Caja Integradora Independencia, Sociedad Cooperativa de Consumo de Bienes y Servicios, la cual operaba en distintos puntos del estado.
Al referirse a las personas detenidas, el magistrado explicó que se trata de individuos que “estuvieron como trabajadores o que están de alguna manera vinculadas directamente”, quienes formaban parte de la estructura orgánica de dichas cajas. Precisó que, hasta el momento, las 12 personas que fueron capturadas están, este momento, en audiencia, por lo que no es posible ampliar información adicional sin afectar el curso del proceso.
Guerra Urbiola subrayó que cualquier pronunciamiento fuera de los datos confirmados podría vulnerar garantías procesales, al señalar que “ir más allá de este instante o comentar más cosas sería alterar el curso, el desarrollo, el debido proceso de los derechos que se están discutiendo hasta el momento”. No obstante, destacó que en este caso “hubo una acción contundente y procedió lo que solicitó la Fiscalía”.
El magistrado presidente informó además que, aunque hasta ahora se han concretado 12 capturas, el caso tiene una dimensión mayor, ya que hay 40 órdenes de aprehensión en este tema, y advirtió que existe más gente “presuntamente involucrada” en cuanto al tema de los fraudes, lo que mantiene abiertas diversas líneas de investigación.
Como parte del contexto, durante la madrugada del martes seis de enero, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en coordinación con la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, ejecutó operativos de cateo en la comunidad de La Galera, en el municipio de Huimilpan, así como en las localidades de La Venta, San Fandila y Quintanares, en el municipio de Pedro Escobedo. Las diligencias contaron con autorización judicial, al existir sustento jurídico suficiente para continuar con la investigación por el probable delito de fraude.
