Ambientalistas del estado de Querétaro expresaron que existen buenas probabilidades de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado.
Los activistas ambientales informaron que en próximos meses, el máximo tribunal dará resolución a uno de los amparos impuestos contra la legislación, que fue aprobada por el Congreso Local en mayo de 2022.
Lorenia Trueba Almada reiteró que dicha ley violenta el acuerdo de Escazú y recalcó que se trata de una normatividad que legalizó la privatización del servicio del agua y explicó que tras ser rechazados algunos amparos se solicitó la revisión para que la SCJN atrajera el caso, lo cual ocurrió en julio del 2023.
“No se ha resuelto, esperamos que en estos meses de 2024 la Corte lo resuelva. Es un derecho humano al medio ambiente y esperamos que en este año la Corte resuelva este amparo que, con los antecedente y los precedentes que existen en estos momentos a nivel internacional y en la corte sobre el tema de medio ambiente, creemos que hay buenas expectativas y buenas probabilidades de que el amparo se resuelva en favor de los quejosos”, expresó la ambientalista.
Y es que, de acuerdo con las ambientalistas, la llamada “Ley de Aguas” resulta anticonstitucional y violatoria de derechos humanos, debido a que legaliza una privatización de agua existente en Querétaro.
“Todos conocemos el tema de la privatización por múltiples casos en el estado de Querétaro, el perjuicio que actualmente y a futuro nos va a tener porque somos un estado con muchos problemas de agua”, expuso Trueba Almada.
Las ambientalistas señalaron que el convenio que firmó la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para asumir la operación del sistema de suministro de agua potable de Hacienda Campanario es resultado de la entrada en vigor de la ley.
“La ley ya está en vigor, asumo que todos estos nuevos acuerdos que se están dando son bajo el amparo de esta nueva ley que, mientras la Corte no decrete que es inconstitucional o que es violatoria de derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano, la van a seguir aplicando”, agregó.
Sobre este caso en particular Pamela Siurob explicó que la concesión que tenía el residencial era irregular, ya que se trataba de un permiso de uso agrícola.
“Esos pozos de seguro tenían una concesión agrícola; por lo tanto, tenían problemas legales y cualquiera lo podría demandar. ¿Qué se pretende? No sabemos, quizá darla en concesión a un privado para la administración, no sabemos”, comentó Pamela Siurob.
