La vorágine de la información ha dejado relegado lo que sucedió hace casi tres semanas en la Concordia, un municipio sinaloense a una hora al sur de Mazatlán. El secuestro de 10 mineros, cinco de ellos encontrados muertos, dejó de ser del interés prioritario de la mayoría de los noticiarios electrónicos y desapareció por completo de las primeras planas de los periódicos. La minera canadiense Vizsla Silver Corp., difundió ayer una actualización de cómo avanza la búsqueda de sus cinco trabajadores que siguen desaparecidos, pero no hay mucho nuevo que informar. Siguen las condolencias a los familiares de las víctimas, y la mina continúa con sus operaciones suspendidas.
Como todo lo que tiene que ver con las noticias relacionadas con el narcotráfico y su violencia, la sociedad mexicana, incluido el gobierno, los actores políticos y los agentes económicos, ya lo normalizaron. Uno, dos, cinco, diez o más muertos o secuestrados por el crimen organizado, son una estadística, número frío que solo acumulan víctimas al México rojo en el que vivimos. Pero Concordia no va a desaparecer pronto; apenas estamos descubriendo lo que se perfila como el microcosmos del horror nacional.
Concordia, que fue un centro minero de oro, plata y cobre, es un pueblo con menos de 25 mil habitantes que cruza una carretera rural. Lejos de las zonas urbanas, escondido en la Sierra Madre Occidental, durante no se sabe cuántos años ha sido el cementerio clandestino de las personas que Iván Archivaldo Guzmán, jefe de la facción del Cártel de Sinaloa que está en guerra contra las milicias de Ismael El Mayo Zambada, que dirigió la organización criminal por cuatro décadas.
Así hubiera permanecido, ante los ojos cerrados de las autoridades, que prefirieron vivir en la simulación a tener que enfrentar la realidad y su responsabilidad. Diez mineros de una empresa canadiense, cuyo secuestro fue rápidamente publicitado, modificó esa inercia cómplice que se instaló en la región desde tiempos desconocidos. Al menos cinco de ellos fueron llevados a El Verde desde Pánuco, la comunidad donde se encontraba la mina, a unos 30 kilómetros de distancia.
El horror comenzó cuando se encontró el cuerpo de un minero en El Verde, una comunidad de mil habitantes en el municipio de Concordia, y horas después otro más. Las autoridades llegaron a excavar junto al panteón, donde se descubrió el primero, y fueron hallando otros cuerpos, algunos enterrados hace casi una década, junto con otros tres mineros.
La periodista María Idalia Gómez, reveló que solo en el área del panteón hay dos o tres fosas, con aproximadamente 120 cadáveres. En El Verde, de acuerdo con fuentes que han participado en las investigaciones sobre los cementerios clandestinos en esa zona, hay más de 20 fosas ubicadas en cuatro puntos, donde estiman que puedan haber más de mil 500 cuerpos de personas, algunos de ellos, con los cuerpos destrozados.
Concordia, revelaron Gómez y otro periodista especializado, Luis Chaparro, está controlado por los hermanos Óscar Martínez Larios, El Caso, y Gabriel, Gabito, jefe de plaza en el municipio Rosario, quienes responden a Víctor Manuel Barraza, El 40, exsecretario de Iván Archivaldo y actual jefe de plaza en Mazatlán y toda la región sur de Sinaloa. De acuerdo con Gómez, El Casco enterraba en El Verde a los enemigos de los chapitos, y ese campo de la muerte podría llegar a ser más grande que cualquiera de los que se han encontrado en Jalisco. Hoy no se puede entrar a El Verde, porque las autoridades federales y locales lo tienen sellado para comenzar la tarea de ir abriendo fosa tras fosa.
Las autoridades federales informaron esta semana que los mineros fueron levantados por equivocación, creyendo sus atacantes que pertenecían a un grupo rival. La versión ha sido cuestionada por los mineros y por fuentes con conocimiento de primera mano de lo que sucedía ahí. La historia que narran es diametralmente distinta: no fueron confundidos, sino víctimas de una extorsión que no se quiso pagar.
Gabito, de acuerdo con esta versión, era el encargado de cobrarle a la mina 200 mil pesos mensuales, hasta hace dos meses, cuando les dijo que ya no les exigirían el efectivo, sino el 50% de su producción. El cambio de método de pago parece tener como antecedente la falta de recursos de los chapitos para mantener su guerra fratricida con las milicias de Zambada. Poco antes lo hizo con dos minas en un municipio colindante con Concordia, donde les exigió una retribución en oro para poder pagar sicarios que le solicitaron al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En esta versión, la mina, que tiene su sede en Vancouver, se negó, pero al mes siguiente les entregó 250 mil pesos. La respuesta fue el secuestro de sus trabajadores, con una demanda: 10 millones de rescate por cada uno, en un plazo de cinco días. “No se pagó”, dijo una fuentes que supo de esta frustrada negociación, “y levantaron a los mineros”. Los llevaron a una casa en el fraccionamiento La Clementina, en Concordia, a unos 30 minutos de distancia de la mina, que está en la comunidad de Pánuco.
Los encargados de ejecutar el secuestro fueron los lugartenientes de El Casco, Ramón Héctor Morales, El Chino, y otros dos de los que se conocen únicamente sus apodos, El Guicho y El Bryan. Mineros de la zona sostienen que los 10 secuestrados fueron ejecutados. Sus victimarios, se cree, se fueron a refugiar a Puerto Vallarta y Zapopan, en Jalisco, controlados por el Nueva Generación. Credenciales y pertenencias de los 10 mineros fueron encontradas en días recientes en El Verde, aunque no se puede concluir la suerte de los cinco trabajadores que permanecen desaparecidos.
La extorsión de las mineras en el país ha sido un problema desde hace años, pero es un tema del que nadie quiere hablar abiertamente sobre casos específicos. Un vocero de cámaras mineras estima que los costos por extorsión llegan a ser del 10% de la utilidad, al no limitarse solo al cobro de ese impuesto criminal, sino por las inversiones en seguridad y control de riesgos que tienen que hacer. El problema no va a parar, pero la exposición internacional de el caso de Concordia, forzará, probablemente, a que las autoridades por años ciegas, abran los ojos y asuman su responsabilidad.
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