Senadores y diputados solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe respecto al uso y destino de los mil 70 millones 49 mil pesos, como parte del programa de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en el Exterior durante el año 2017.
El dictamen aprobado, indica que en la revisión de la cuenta pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de éstos en dicho programa.
Menciona que se evidenciaron irregularidades por 53 millones de pesos, por lo que determinó, como resultado de la auditoria, 16 observaciones, de las cual solo una fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe.
Las 15 observaciones restantes, se agrega, generaron 18 recomendaciones, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones.
La ASF también encontró que, por un lado, se realizaron pagos de los servicios de forma anticipada sin que se solicitaran las garantías de cumplimiento y, por otro, que no se aplicaron las penas convencionales respecto de los servicios de obra correspondientes al contrato número OMBI-OP-LP-02/2017.
Además, en los recursos ministrados a tres representaciones de México en el exterior, etiquetados para el pago de prestadores de servicios independientes, no se identificó la documentación que acredite que fueron aplicados en los conceptos para los cuales se les radicaron.
En tanto, los pagos efectuados por servicios profesionales independientes, por un monto de 5 millones 313 mil pesos a 55 prestadores de servicios, contratados por las representaciones de México en el exterior en Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Tucson, no se sustentaron en los reportes detallados relativos a las actividades efectuadas.
De la misma manera, existen contratos formalizados por la representación de México en Nueva York con tres prestadores de servicios para la difusión de materiales sobre protección preventiva para personas mexicanas en EU, a quienes se les realizaron pagos por 46 millones 817 mil pesos a tres proveedores en el mes de diciembre de 2017.
Los servicios no se proporcionaron en su totalidad y no se halló la documentación justificativa que acredite la inclusión de dichos servicios para la implementación y estrategia en redes sociales y difusión de material informativo en plataformas digitales móviles en las adendas.
Las legisladoras y legisladores señalaron que “existe una preocupación justificada en la sociedad mexicana, porque los recursos que se asignan para la protección y asistencia de los mexicanos en Estados Unidos se ejerzan con la mayor prontitud y eficiencia”.
Resaltaron que en el contexto actual, por el endurecimiento de la política migratoria, desde el arribo de la administración del presidente Donald Trump, es necesario promover la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos que fueron reasignados a la Cancillería para fortalecer la defensa y protección de nuestros connacionales.
