En el estado de Coahuila, que gobierna Miguel Riquelme Solís, salió a flote el problema administrativo que vienen arrastrando dependencias clave. Específicamente hablamos de la Secretaría de Salud y su titular Roberto Bernal Gómez que tiene en jaque a miles de trabajadores.
El problema tiene su origen desde junio de 2021 cuando dicha Secretaría dejó de cumplir los convenios con distintas empresas financieras, impactando negativamente a sus trabajadores, quienes, en conjunto, han solicitado créditos de nómina por un monto superior a los 50 millones de pesos.
Se trata de más de 3 mil trabajadores que solicitaron créditos de nómina y que la entidad gubernamental realizó durante un tiempo las retenciones salariales. El problema es que los recursos dejaron de llegar a las entidades financieras, por lo que los empleados del gobierno coahuilense, sin deberla ni temerla, ya se encuentran en el Buró de Crédito.
Como las instituciones financieras afectadas pertenecen a la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), que preside Gustavo Martín del Campo, este organismo ha intentado en más de una ocasión entablar una comunicación gremial con el gobierno coahuilense que propicie una solución a favor de los trabajadores, incluyendo como una de sus propuestas la posibilidad de contratar una empresa especializada que regularice, de manera gratuita para la Secretaría de Salud, la administración de los créditos, pero todo indica que no se quiere atender la problemática y, como casi siempre sucede en estos casos, pasarle el problema a la siguiente administración.
Los acercamientos se han topado con pared y una negativa, no solo por parte del propio Bernal Gómez, sino también de la Directora de Administración, Brenda Guevara, quienes no han mostrado la más mínima intención de llegar a una solución. Sin mencionar que los empleados afectados se verán imposibilitados en un futuro a solicitar cualquier tipo de producto financiero.
SUSURROS
El domingo 26 de febrero, el Zócalo y las plazas públicas de todo el país recibirán a los ciudadanos de la sociedad civil en defensa de la democracia y al Instituto Nacional Electoral, el lema es “Mi voto no se toca”, y aprovechando se hará una visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pedir a los ministros que el Plan B es una reforma electoral inconstitucional. Se espera que salgan a la calle quienes en general no salían a defender sus derechos.
La política exterior de México está en el ojo del huracán. Hace unos días la Dina Boluarte, presidenta del Perú, reclamó al Presidente López Obrador la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y que debieron asumir los peruanos en enero. Por otra parte, ante la comunidad internacional se cuestiona el silencio del Gobierno mexicano ante ante la violación de los derechos humanos que ha ejército contra los opositores nicaragüenses a quienes califica de traidores a la patria y les ha quitado la nacionalidad.y solo por dar dos ejemplos.
Tratan de descarrilar la sucesión en la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), señalando falsamente a una de las candidatas, Lourdes Medina, de no cumplir con los requisitos estatutarios, que establecen que debe haber sido consejera nacional o vicepresidente nacional. Aunque dicen que no, Medina fue nombrada Vicepresidenta Nacional de Enlace Institucional del organismo el 22 de marzo de 2017, según consta en actas. ¿Misoginia, acaso?
