Ariel González Jiménez
A estas alturas del desmantelamiento de las instituciones democráticas –que ya va por el llamado “segundo piso”– el gobierno morenista debería, en un gesto de congruencia con sus principios y prácticas políticas, desaparecer también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Perdonará el lector que hable del tema de esta forma, pero luego de tantos descalabros, amputaciones y trapanaciones que han sufrido el orden constitucional y la vida democrática de nuestro país, parece que lo único que nos queda es el humor negro (sobre este creo que no podrán legislar los morenistas).
Veamos. La misma lógica con la que pretenden desaparecer por fin al Instituto Nacional de Acceso a la Información y otros organismos que, para información de los más ingenuos, fueron creados como contrapesos del poder durante el régimen neoliberal (y de los que tanto se sirvió Morena mientras llegaba al poder), podría ser aplicada también por los legisladores morenistas para argumentar la cancelación de la CNDH.
Podría señalarse en primer lugar, con el conocido timbre de orgullo con el que los morenistas se refieren al pasado nefasto del PRIAN y al presente luminoso de Morena y sus socios, que dicha Comisión ya resulta innecesaria, puesto que el gobierno de morena respeta y hace respetar plenamente los derechos humanos y los ha defendido como ningún otro gobierno en nuestra historia.
Después hay un tema no menor en estos tiempos de austeridad: sus costos. Si bien es cierto que bajo la conducción de la camarada Rosario Piedra Ibarra este organismo ya vivió una reducción de su presupuesto de un 26% entre 2019 y 2024, cualquier legislador de Morena, pensando (es un decir) en la máxima social del partido, “primero los pobres”, sabe que esos milloncitos (poco más de mil 722) serían muy útiles para el gasto social-clientelar que tan buenos resultados ha dado hasta hoy.
Por otro lado, ¿para qué gastar en una instancia cuyas tareas bien podrían ser desarrollas por la Secretaría de Gobernación o incluso la misma Secretaría de la Defensa? Parafraseando al primer humanista de la nación, AMLO, la defensa y promoción de los derechos humanos “no tiene ninguna ciencia”; y con un gobierno presidido hoy por una científica, menos.
Por cierto, nuestra Presidenta ha argumentado con gran sutileza que la transparencia no va a desaparecer, lo que va a desaparecer es el INAI. ¿No acaso, entonces, podemos decir lo mismo de los derechos humanos? Es perfectamente posible –y pondríamos un ejemplo a nivel mundial en la materia– que las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasaran simplemente a formar parte de las tareas de alguna secretaría del gobierno de la Cuarta Transformación. De seguro también hay un mandato del pueblo en ese sentido, lo que pasa es que no lo han sabido interpretar tan lúcidamente como aquel otro que pedía la elección de ministros y jueces del Poder Judicial.
Llama la atención que los legisladores morenistas se enfrasquen en tantas “grillas” que los han terminado por dividir en un tema que francamente ya no merecería mayor pérdida de su valiosísimo tiempo. Nuestra Presidenta humanista y los reformadores beneméritos de esta Legislatura podrían decretar que, superada la etapa neoliberal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene ya razón de ser. Es más, tal vez su existencia misma aliente los intereses conservadores que han buscado hacer de todo un problema de derechos humanos.
¿No han argumentado los infames opositores que la CNDH no ha hecho absolutamente nada en estos años? Pues está claro que no. Porque no había nada o casi nada qué hacer. Por ejemplo, si la comisión no actuó para defender a los niños con cáncer, pues es porque se trataba claramente de un montaje; si las madres buscadoras no recibieron ningún apoyo, pues es porque su movimiento tiene un sesgo opositor; y así podemos enumerar montones de casos en los que la CNDH no le hizo el juego a la derecha.
Ahora bien, ¿cuál puede ser el futuro de un organismo de derechos humanos en un contexto donde, por ejemplo, los ministros, jueces y magistrados del poder judicial serán electos por el pueblo? ¿Alguien cree posible que uno de estos ministros o jueces electos popularmente podría emitir un fallo o resolución contraria a los derechos humanos? Por favor, es obvio que no. Eso sólo cabe en la cabeza de los conservadores que no confían en la sabiduría del pueblo ni en sus decisiones.
Una minoría cree que en materia de derechos humanos el país ha pasado del antiquísimo “¡mátalos en caliente!”, al más moderno y puntual “¡mátalo, mátalo!”. También citican, cómo no, la posible prisión preventiva a los defraudadores fiscales. Para acallar esas habladurías la actual Legislatura, que pasará a la historia por su patriotismo y voluntad reformadora, puede seguir los pasos de las naciones más vanguardistas en el tema (Cuba, Nicaragua o Venezuela, entre otras) desapareciendo a la CNDH y permitiendo, eso sí, que la abnegada doña Rosario Piedra Ibarra pueda trabajar de cerca con la nueva Suprema Corte de Justicia para atender las violaciones a los derechos humanos (del pueblo, claro está) que los conservadores se atrevan a perpetrar.
Hasta aquí mis modestas propuestas que sólo intentan emular la congruencia, honestidad y elevadas miras que la Cuarta Transformación ha traído al país.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
