El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, acudió a la LXI Legislatura del estado de Querétaro para presentar la denominada “Ley Escudo“, o iniciativa de reforma al código Urbano, que tiene por objetivo resolver la problemática de los desarrollos inmobiliarios irregulares.
El alcalde mencionó que dicha propuesta busca modificar más de 60 artículos de esta normativa estatal, para proteger el patrimonio de los ciudadanos, a través de la puesta en ley de exigencias para nuevos desarrollos que brinden certeza jurídica.
“Hoy damos un Paso Firme hacia un futuro más justo, más ordenado y más seguro para las familias de Corregidora y de Querétaro. Desde que recorrí nuestras calles como candidato escuché con preocupación que se repetía una y otra vez con fuerza, con razón y con urgencia que muchas familias vivían en desarrollos habitacionales que aún no habían sido concluidos ni entregados, vivían ahí sin certezas ni garantías, eso no es justo ni digno, eso no lo vamos a permitir”, resaltó
Dicha iniciativa fue trabajada en conjunto con los diputados locales del Partido Acción Nacional, Mauricio Cárdenas Palacios y Antonio Zapata Guerrero; y estuvo acompañado de presidentes y presidentas de fraccionamientos y condominios y de organizaciones de empresarios.
Ello, derivado de que en el municipio se tiene un 60 por ciento de viviendas bajo un régimen condominal, un 30 por ciento en fraccionamientos y el 10 por ciento de las viviendas en asentamientos irregulares. Asimismo, en proceso de entrega se contabilizan cerca de 18 fraccionamientos y 91 aún faltan por entregar.
Entre algunas de las disposiciones de esta iniciativa está el obligar a los desarrolladores inmobiliarios el que dejen un terreno en garantía para obras inconclusas y para la atención de vicios ocultos; mostrar compromiso con el medio ambiente mediante la designación del 5 por ciento del territorio como áreas verdes obligatorias; así como lograr la urbanización completa en un plazo no mayor a 6 años.
Otros lineamientos establecidos en la reforma contemplan que la venta de lotes y unidades habitacionales solo podrá llevarse a cabo cuando exista un avance mínimo del 30 por ciento en urbanización.
De la misma forma, los Ayuntamientos estarán obligados a garantizar procesos más ágiles en la revisión, inspección, publicación y recepción de obras, así como a implementar un registro condominal obligatorio. En cuanto a los condominios, deberán contar con un reglamento interno autorizado como requisito previo a la venta de unidades privativas, además de estar debidamente inscritos en el padrón correspondiente.
