En pleno siglo XXI, cuando los países industrializados debaten sobre inteligencia artificial, transición energética y ciudades inteligentes, México enfrenta una paradoja que raya en lo absurdo: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se lanza con entusiasmo a ofrecer servicio de internet a través de su red de distribución eléctrica, mientras millones de mexicanos siguen padeciendo apagones, subestaciones inservibles y una infraestructura energética en ruinas. Una empresa que no puede garantizar suministro eléctrico estable ahora quiere conectar al país digitalmente. Nadie puede tomar esto en serio.
La idea de aprovechar la infraestructura de la CFE para expandir el acceso a internet parece, en el papel, una propuesta ingeniosa. Se trata de una política pública impulsada desde Palacio Nacional y que ha dado pie a la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), una subsidiaria creada por decreto en 2019 con el objetivo de garantizar el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información (artículo 6º, fracción III de la Constitución). Pero como suele suceder con las políticas de la Cuarta Transformación, el problema no es la intención, sino la ejecución, las prioridades y, sobre todo, el uso político de los recursos públicos.
En estas condiciones una red eléctrica colapsada no puede sostener un país digital. Lo primero que debería atender la CFE antes de pensar en distribuir internet es el estado deplorable de su infraestructura eléctrica. Desde hace al menos una década, técnicos, especialistas y reguladores han advertido sobre el rezago en mantenimiento, renovación y expansión de la red nacional de transmisión y distribución. El propio Gonzalo Monroy, analista energético de referencia, ha sido insistente: “El problema no es que falte generación, es que no tenemos cómo mover la electricidad”. El sistema nacional opera al borde del colapso, especialmente en regiones como la Península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec o el norte industrial del país, donde los apagones se han vuelto parte de la vida cotidiana.
El colapso más reciente en Yucatán, que dejó sin servicio a más de 1.3 millones de usuarios en mayo pasado, fue un ejemplo contundente de la fragilidad del sistema. La CFE alegó “fallas en líneas de transmisión”, pero los informes internos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) apuntan a sobrecarga, ausencia de redundancia, y falta de mantenimiento preventivo. ¿Cómo es posible ofrecer internet cuando ni siquiera se puede garantizar que las luces se mantengan encendidas?
El desastre no termina ahí. Las subestaciones eléctricas que operan con ciclo combinado dependen de un insumo crítico: el gas natural. En el contexto mexicano, la mayoría del gas natural se importa de Estados Unidos mediante ductos contratados por la propia CFE a largo plazo. Pero lo verdaderamente escandaloso es que, a través de su empresa filial CFE International, la Comisión compra gas en el mercado spot estadounidense a precios bajos —incluso vendiéndose a sí misma en números rojos— para luego revenderlo a CFE Energía y justificar gastos multimillonarios ante Hacienda.
Este mecanismo de “autocompra simulada” genera una distorsión contable que maquilla pérdidas y compromete la viabilidad financiera de la empresa productiva del Estado. Y lo más grave: muchas de estas plantas están paradas o subutilizadas porque el gas no llega a tiempo, o porque los ductos están saturados. A falta de energía firme, se opta por usar combustóleo, un combustible sucio, costoso y altamente contaminante.
Todo esto ocurre mientras la narrativa oficial insiste en que la CFE es “el alma del pueblo”, y que debe recuperar su papel monopólico frente a los “abusos de los privados”. La contradicción es absoluta: en nombre del nacionalismo energético, se han cancelado inversiones renovables, se ha asfixiado a empresas generadoras limpias, y se ha privilegiado a una CFE anquilosada, opaca y políticamente instrumentalizada.
Internet sin luz, sin fibra y sin futuro. El proyecto Internet para Todos enfrenta una realidad técnica insalvable: no hay suficiente red de fibra óptica en muchas regiones del país y la infraestructura de transmisión eléctrica —sobre la que se pretende montar el servicio— simplemente no tiene capacidad para sostener servicios de alta demanda digital. A ello se suma una falta crónica de equipamiento activo, antenas repetidoras, mantenimiento básico y personal calificado. Los contratos con empresas proveedoras de servicios de última milla son precarios, mal diseñados o inexistentes.
Además, la legislación vigente en telecomunicaciones —específicamente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en proceso de modificación)— establece un régimen claro de competencia, neutralidad de red y separación funcional entre operadores mayoristas y minoristas. Al otorgar a CFE un doble rol de proveedor de infraestructura y prestador de servicios, se desnaturaliza el principio de competencia consagrado por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), generando un conflicto de interés estructural.
En este contexto, el despliegue de internet a través de la red eléctrica no solo es inviable técnicamente, sino jurídicamente cuestionable. Y, sin embargo, Morena lo presenta como un logro de la 4T, aunque las cifras digan lo contrario: más de 7 mil comunidades rurales con “internet gratuito” donde apenas hay señal, un uso ínfimo de la red instalada, y millones de pesos en contratos opacos.
¿Y los contrapesos? Ni el Congreso de la Unión, ni la Auditoría Superior de la Federación, ni el IFT han tenido el valor institucional para detener esta simulación multimillonaria. Todo se justifica como “proyecto prioritario” del Ejecutivo. En un entorno donde los reguladores están bajo ataque o cooptados, la CFE se comporta como empresa intocable, al servicio de un proyecto político que desprecia la técnica, la eficiencia y la verdad.
Mientras tanto, los usuarios enfrentan tarifas más caras, cortes de luz recurrentes, nula transparencia en los servicios de internet, y una dependencia energética creciente del gas estadounidense, todo en nombre de una “soberanía” ficticia.
El verdadero problema de la CFE no es que quiera ofrecer internet, sino que no puede ni debe hacerlo en las condiciones actuales. Su misión esencial, que es garantizar el suministro eléctrico confiable y de calidad, está completamente descuidada. El proyecto de “Internet para Todos” es, en este momento, una promesa propagandística sin sustento técnico ni jurídico.
Urge una política energética moderna, con visión de largo plazo, que combine generación limpia, inversión privada bien regulada, redes de transmisión inteligentes, y sí, conectividad universal, pero con base en criterios técnicos y legales, no en ocurrencias ideológicas. Lo que México necesita no es una CFE omnipresente, sino una CFE competente. Y eso, lamentablemente, sigue sin encenderse.
