El vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, señaló que habrá cero tolerancia desde la Iglesia Católica contra los sacerdotes que sean señalados por abusos contra menores; gracias también a legislación canónica hecha por el Papa Francisco.
Lo anterior, derivado de la detención de un sacerdote acusado de abuso sexual contra un menor que participaba en una parroquia de la Colonia Reforma Agraria como monaguillo; denuncia interpuesta en 2019.
En este sentido, Martín Lara manifestó que estarán colaborando en todo lo necesario con las autoridades judiciales en las investigaciones; mientras que a nivel eclesiástico, se dará seguimiento en la Comisión de Abuso contra el Menor.
Por ello, dijo, el párroco y los sacerdotes compañeros del presunto responsable estarán en la disposición de colaborar con la Fiscalía General del estado y las instancias investigadoras del hecho.
“Por parte de todas las Diócesis, con respecto a la autoridad civil es de colaboración. Nosotros no podemos obstaculizar de ninguna manera cualquier investigación que se haga; antes bien, nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades civiles. En el terreno eclesiástico, el Santo Padre pidió a todas las diócesis del mundo que se tuviera una comisión que atienda este tipo de delitos”, argumentó.
Al respecto, Lara Becerril puntualizó que el sacerdote acusado no es diocesano; por lo que tendrá que ser tomada por su correspondiente provincial o capítulo eclesiástico representativo, denominada Orden de los Pasionistas, con sede en la Ciudad de México.
Precisó que esta comisión de Abuso contra el Menor tiene cerca de un año de creación; y confirmó que a la fecha, dicho caso no ha sido notificado por parte de la Fiscalía General del Estado.
“Que se haga un proceso justo. Hay que decir que un proceso de un abuso a menor es de derecho pontificio, es decir, la santa sede es la que los juzga. En las Diócesis, se integran los expedientes”, explicó.
Asimismo, el vocero consideró que estas investigaciones internas que se realicen para dictaminar una sanción contra el sacerdote podría tardar alrededor de un año. Conforme a la gravedad de la resolución de la investigación civil, explicó el vocero, la pena más alta podría ser la eliminación del estado clerical, y la expulsión de la iglesia.
