El secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Martín Arango García, destacó que por lo menos 11 personas pasaron el 24 y el 25 de diciembre, en el Centro Municipal de Infracciones por Alcoholimetría, por lo que cenaron el menú navideño del Torito y la Vaquita.
Lo anterior, por presentar grados considerables de alcohol en la sangre y contar con una pena inconmutable. El funcionario celebró que los 11 infractores fueron hombres, y que ninguna mujer fue remitida en este operativo.
“El día 24 tuvimos siete personas, y el día 25 estuvieron 4 personas ahí conmutando su pena. Todas tuvieron esta cena especial, quienes tuvieron el ingreso se les dio su paquete especial de comida por Navidad”, indicó.
Martín Arango resaltó que se realizaron cerca de 400 pruebas de alcoholemia, de las cuales 34 personas dieron positivo en el periodo del 20 al 25 de diciembre, de las cuales 28 en total fueron remitidas al Torito y la Vaquita, pero 5 de ellas pagaron multa administrativa, y 23 personas cumplieron la pena inconmutable de 24 horas en el juzgado cívico, por lo que 23 vehículos fueron llevados al corralón.
Asimismo, Arango García celebró la disminución de cifras de alcoholimetría en relación con el año 2022, ya que en lo que va del año 2023, al menos 448 personas pasaron horas arrestados; mientras que el año pasado se registraron 695 arrestos, lo que representa un decremento del 28.92 por ciento.
“En general, los porcentajes disminuyeron respecto al año 2022. Por ejemplo, hubo un 16.34 por ciento menos de casos positivos, pues mientras que en el año 2022 hubo mil 982 positivos, en este año hubo mil 658. Es muestra de que la gente está haciendo consciencia respecto al consumo responsable del alcohol”, argumentó.
En total, en este 2023 se registraron mil 658 pruebas positivas, lo que derivó en la remisión al Torito y Vaquita a mil 282 personas, de las cuales 248 pagaron la multa administrativa. Se trató de mil 129 hombres y 194 mujeres.
Además, puntualizó que el mes de septiembre fue en el que más se registraron remisiones a juzgados cívicos; y que al menos el 42 por ciento de los infractores cuenta con nivel licenciatura, y el 30 por ciento, con educación media superior. La edad promedio de los remitidos es de 34 años.
