La figura de Hernán Bermúdez Requena se erige hoy como un símbolo de la impunidad que ha lastrado a Tabasco durante décadas. Designado en 2019 como secretario de Seguridad Pública por el entonces gobernador Adán Augusto López, hoy titular de la Secretaría de Gobernación, Bermúdez Requena logró permear las estructuras estatales con un sistema de protección que combinó complicidad institucional y redes criminales.
Su estatus de prófugo tras la orden de aprehensión emitida en febrero de 2025 no solo evidencia fallas en los mecanismos de justicia, sino que remite a un pasado donde la colusión entre autoridades y grupos delictivos era la norma más que la excepción.
Desde que en 2021 los informes de inteligencia militar pusieron de manifiesto sus vínculos con “La Barredora”, célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, quedó claro que Hernán Bermúdez Requena operaba bajo el amparo de la élite política tabasqueña. A pesar de estas advertencias, el exsecretario de Seguridad continuó ocupando un puesto clave en el gabinete estatal; el gobierno federal tampoco ejerció presión para destituirlo o investigar a fondo sus actividades.
Esta laxitud recuerda el caso de Genaro García Luna en la administración calderonista, pero en Tabasco la protección fue incluso más estrecha: hasta la Sedena negó acceso a auditores internos que buscaban rastrear los contratos multimillonarios asociados a Bermúdez Requena y sus allegados.
Uno de los episodios más reveladores es el arresto fallido ocurrido en junio de 2025, cuando autoridades estatales acudieron a un inmueble en Villahermosa tras una filtración de inteligencia. Bermúdez Requena, sin embargo, ya había abandonado el lugar gracias a un aviso previo que, según fuentes militares, provenía directamente de funcionarios de alto rango en Palacio de Gobierno.
Este nivel de anticipación solo es posible cuando los canales oficiales se vuelcan a proteger a un individuo; no estamos ante un simple descuido operativo, sino frente a un entramado de complicidades que pone en jaque la credibilidad del Estado.
Paralelamente, la investigación de contratos directos por más de 1 100 millones de pesos para la compra de equipo militar y uniformes, sumada a los 8 000 millones que habrían beneficiado a un círculo cercano de Adán Augusto López, demuestra que la maquinaria administrativa fue utilizada para redistribuir recursos públicos hacia intereses privados. Hernán Bermúdez Requena, en su calidad de enlace principal entre gobierno y Sedena, facilitó este flujo de dinero sin licitación ni supervisión.
La opacidad en la adquisición de material bélico para la Guardia Nacional en Tabasco, entonces, no fue un desliz burocrático, sino la concreción de un modelo clientelar que se retroalimentaba con la venta de combustible robado.
El rol de la prensa local cierra el círculo de impunidad. Grupo Cantón, bajo la batuta de Miguel Ángel Cantón Zetina, prefirió mantener un silencio estruendoso ante las múltiples denuncias contra Hernán Bermúdez Requena.
La ausencia de cobertura, investigación o incluso un editorial crítico convirtió al medio en agente activo de protección. En lugar de exponer las contradicciones del discurso oficial sobre seguridad, sus páginas sirvieron como plataforma para promocionar eventos culturales y noticias de entretenimiento, dejando fuera de su narrativa la grave crisis de violencia e impunidad que su excolaborador contribuía a reforzar.
