A la señora Presidente Claudia Sheinbaum no le agrada que el gobierno de los EUA determine que los carteles criminales sean catalogados como terroristas. Al parecer a la opinión pública tampoco pues según encuesta publicada en El Financiero el 6 de febrero, el 68% de los mexicanos ven mal y muy mal que el gobierno norteamericano los clasifique como tales.
Ambas cosas le han importado un rábano al presidente Donald Trump, que los considera una amenaza a la seguridad nacional de su país y los ha declarado formalmente como terroristas. Igual paso dio el gobierno canadiense que incluso creó la figura del Zar anti fentanilo.
El rechazo del gobierno mexicano a tal manifestación no puede ni debe desvincularse de la grave acusación lanzada desde la Casa Blanca dentro del texto que anunció la imposición de aranceles en la que, textualmente, acusó al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales. Tal afirmación fue y ha sido soslayada por la presidente Sheinbaum que respondió, diciendo que la alianza existía con los vendedores de armas en EU a los grupos criminales, y que en el combate a los carteles debieran empezar por su propio territorio.
Esto último en correspondencia a los actos de la Fiscal General Pam Bondi que ha emitido un memorándum titulado “Total Elimination of Cartels and Transnational Criminal Organizations” que busca eliminar las trabas burocráticas para facilitar la investigación y persecución de organizaciones criminales utilizando la legislación más potente con que cuente el sistema judicial. Es decir no quitan ni quitarán el dedo del renglón y van en serio contra ellos y sus aliados tanto gubernamentales como empresariales.
Este memorándum se inscribe en la estrategia que ha delineado Donald Trump desde su campaña y que ha venido cumpliendo con sus órdenes ejecutivas. Dicha estrategia engloba acciones tales como: reforzar la patrulla fronteriza y restaurar políticas migratorias estrictas; bloqueo de rutas marítimas de transporte e intercepción de embarcaciones sospechosas en aguas internacionales; despliegue de fuerzas especiales en operaciones directas; bloqueo del acceso al sistema bancario internacional; exigir colaboración de países vecinos para combatir la corrupción y sancionar a funcionarios que colaboren con carteles, entre otras más que incluyen modificar su legislación para incluso imponer la pena capital a los capos y colaboradores.
El gobierno mexicano debe entender que esto dejó de ser un discurso de campaña y que se trata de una política de especial interés para el gobierno norteamericano y dejar de lado medidas cosméticas para hacer como que se coopera y como que se cumplen los compromisos.
Claudia Sheinbaum había sido cauta y prudente en sus declaraciones, sin apartarse del discurso de colaboración no subordinación, más defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional. Consiguió una prórroga de un mes para evitar la fijación de aranceles, pero a cambio ha recibido algunas advertencias que no debiera desestimar. La presencia de embarcaciones militares frente a las costas mexicanas y el sobrevuelo de aviones espías confirman que, de no ser satisfactoria la respuesta a las demandas norteñas, ellos están en posibilidades y disposición para intervenir directamente.
Algo tendrá que hacer además de incrementar la detención de peces menores de la estructura criminal, el decomiso de armas y fentanilo y el envío de tropas a la frontera. La operación Enjambre en el Estado de México y Chiapas, se antojan insuficientes para responder a tan serio cuestionamiento contenido en el anuncio arancelario. Especialmente, cuando todo un estado, Sinaloa, tiene cinco meses siendo rehén de grupos criminales, cuando en Chiapas sigue el dominio territorial de otros más y en Tabasco se hace evidente que no hay control; ni cesan tampoco las denuncias en Michoacán, Jalisco y otros estados por la extorsión a productores y comerciantes. Existen además señalamientos puntuales sobre gobernadores en funciones y gobernantes anteriores acerca de sus acercamientos con organizaciones criminales. Los ojos de la inteligencia norteamericana, tienen tiempo atentos al desenvolvimiento político de nuestro país. La extensa frontera compartida hace que la estabilidad en la misma se vuelva una prioridad para la seguridad nacional estadounidense.
Por el rumbo que está tomando el dialogo entre las dos naciones, es previsible que la revisión del tratado de libre comercio, cuya fecha ya han solicitado que se adelante, tenga más ingrediente político y de seguridad que de requerimientos comerciales, que siempre serán, como se vislumbra, solo instrumentos para negociar otras condiciones. A juicio de nuestros vecinos pesan más los muertos por fentanilo, la desestabilización que significa la presencia y el avance de las organizaciones criminales y el debilitamiento del estado de derecho que el déficit comercial. Sin olvidar que quieren cerrar el continente a la presencia china. Como se ve, son diferentes prioridades y la nuestra debiera ser sobrevivir económicamente y ganar la paz, no elecciones. El costo de las omisiones y diferencias estará por verse.
