En los últimos años, el problema del narcotráfico en México ha trascendido las fronteras nacionales y se ha convertido en un asunto de seguridad internacional. Estados Unidos ha considerado en varias ocasiones designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que tiene profundas implicaciones tanto en la relación bilateral como en la política interna de México. Esta declaratoria no es un simple cambio de nomenclatura; trae consigo consecuencias diplomáticas, económicas y de seguridad que podrían redefinir la estrategia mexicana contra el crimen organizado.
La clasificación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que permite al Departamento de Estado designar como organizaciones terroristas extranjeras a aquellos grupos que cometan actos de violencia premeditada contra civiles con el objetivo de intimidar a una población o influir en la política de un gobierno. Desde la perspectiva estadounidense, los cárteles no solo controlan territorios mediante la violencia extrema, sino que también han cometido actos como asesinatos masivos, atentados contra fuerzas del orden y secuestros sistemáticos.
El argumento de nuestro país vecino es que los cárteles no se limitan al tráfico de drogas, sino que han adoptado tácticas similares a las de grupos terroristas como Al-Qaeda o ISIS, como el uso de videos de ejecuciones para sembrar el terror, ataques directos contra funcionarios gubernamentales y la utilización de poblaciones civiles como escudos humanos. A esto se suma la crisis del fentanilo, que ha provocado miles de muertes por sobredosis en territorio norteamericano, aumentando la presión política para tomar medidas drásticas.
Las implicaciones políticas para México son de impacto. Si bien la declaratoria podría justificarse desde una perspectiva de seguridad nacional estadounidense, su impacto en México es complejo y multifacético. Algunas de sus principales repercusiones son respecto a la soberanía nacional y las relaciones bilaterales, pues la declaratoria podría abrir la puerta a la intervención directa de Estados Unidos en territorio mexicano bajo el argumento de combatir el terrorismo. Esto podría incluir desde sanciones económicas hasta operaciones militares encubiertas, como las que se han realizado en Medio Oriente contra grupos terroristas.
El gobierno de México rechazó esta designación, argumentando que se trata de una medida unilateral que atenta contra la soberanía nacional, y se enfatizó que el combate al crimen organizado debe ser una tarea conjunta instando a Estados Unidos a controlar la demanda de drogas y el tráfico de armas en su territorio, en lugar de militarizar aún más la relación bilateral, inclusive señalando que la demanda contra productores de armas podría ampliarse contra el propio país vecino.
También existen posibles sanciones y afectaciones económicas; la inclusión de los cárteles en la lista de organizaciones terroristas podría generar consecuencias económicas significativas. En primer lugar, permitiría a Estados Unidos. sancionar a cualquier persona, empresa o entidad que colabore con estos grupos, lo que podría afectar indirectamente a sectores económicos en México, especialmente aquellos vinculados con el lavado de dinero.
Las empresas mexicanas que operan en Estados Unidos podrían enfrentar un mayor escrutinio financiero, y las remesas enviadas por migrantes podrían verse afectadas si los bancos endurecen sus controles para evitar cualquier vínculo con redes del crimen organizado. Además, la percepción de México como un país con grupos terroristas podría afectar la inversión extranjera y el turismo, dos sectores clave para la economía nacional, lo cual es el principal objetivo de la medida tomada en días recientes por el presidente Donald Trump al señalar que nuestro país está gobernado por el narcotráfico.
La declaratoria también podría generar un giro en la política de seguridad de México. Dolosamente el gobierno de López Obrador apostó por una estrategia de “abrazos, no balazos”, enfocándose en atender supuestamente las causas sociales del crimen que en la confrontación directa. Sin embargo, la presión internacional podría obligar a su administración o a futuros gobiernos a adoptar una postura más agresiva.
Esto podría traducirse en un aumento del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, una tendencia que ya ha generado debates sobre el riesgo de militarizar la seguridad interna, que ya se encuentra en manos del ejército con la reforma constitucional de la guardia Nacional. Además, el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos en temas de inteligencia y operaciones conjuntas podría profundizar la dependencia de México en las agencias de seguridad estadounidenses, como parece que ya lo hace desde que Omar García Harfuch fue nombrado secretario de Seguridad Federal. Sin embargo, la violencia no cede, por el contrario, se arrecia en Sinaloa, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Michoacán.
En el ámbito político, la declaratoria también tendrá efectos internos en México. Para la mayoría de los grupos organizados y la débil oposición, la designación de los cárteles como grupos terroristas fortalece el argumento contra el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum y el legado de su antecesor López Obrador. Es una realidad que la estrategia de seguridad de la 4T ha fracasado y que México está perdiendo el control sobre el crimen organizado, y existe la posibilidad real de extenderse.
Por otro lado, la narrativa nacionalista se fortalece estúpidamente, con el gobierno federal de Morena presentándose como el defensor de la soberanía mexicana ante la injerencia extranjera. Ya son muchos los legisladores federales que se envuelven en la bandera del patriotismo y se lanzan literalmente al vacío -debido a la ignorancia del tema y al cinismo-, lo cual genera un sentimiento antiestadounidense en algunos sectores de la población, que en nada ayuda a resolver el problema de fondo.
A pesar de las posibles repercusiones, la pregunta clave es si esta medida realmente ayudaría a resolver el problema del narcotráfico y la violencia en México. La experiencia de la lucha contra el terrorismo en otras partes del mundo sugiere que designar a un grupo como terrorista no necesariamente reduce su poder o su capacidad operativa. Por el contrario, en muchos casos, estas organizaciones se adaptan y encuentran nuevas formas de operar, como se ha visto en la rápida evolución del crimen organizado en México que se ha extendido hasta sectores como la producción de limones, aguacates o estructuradas redes financieras de alto nivel.
En el caso de México, la raíz del problema del narcotráfico está en factores como la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades económicas en muchas regiones del país. Sin una estrategia integral que ataque estos factores, la designación de los cárteles como grupos terroristas podría tener un impacto limitado y, en el peor de los casos, podría provocar represalias violentas por parte de los propios cárteles.
Para México, la clave está en fortalecer sus propias instituciones y en desarrollar una estrategia de seguridad efectiva que no dependa de la presión externa. El combate al crimen organizado no puede basarse únicamente en la represión militar o frases huecas, sino que debe mirar a construir un país de instituciones fuertes y eficaces.
