Un juez federal canceló el pasado jueves 15 de febrero el proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero a José Antonio Vargas Hernández, coacusado de Juan Collado, por el caso de la compra venta supuestamente simulada del edificio de Caja Libertad en Querétaro.
Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, sobreseyó o canceló el trámite del procedimiento, un fallo que tiene efectos de sentencia absolutoria, tras concluir que los hechos imputados no son delito.
Vargas ya se encontraba en libertad provisional desde el pasado 11 de diciembre, luego de más de 4 año de estar preso en el Reclusorio Norte.
Es el último de los imputados que libra el proceso por el Caso de la Caja Libertad, ya que el pasado 28 de diciembre un tribunal colegiado canceló el procedimiento a José Antonio Rico Rico, ex presidente de la empresa financiera, y el 31 de enero el juez de control sobreseyó el caso para el propio Collado.
El fallo en favor de Vargas fue dictado en una audiencia en la que su defensa expuso como principal argumento la sentencia dictada en beneficio de Rico por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, que revocó una condena de 15 años con 6 meses de prisión y ordenó su libertad.
El tribunal estimó que la Fiscalía General de la República no acreditó que los recursos implicados en este asunto fueran ilícitos, un requisito legal para establecer la existencia del delito de lavado; por consecuencia, tampoco podía acreditarse la delincuencia organizada, pues este delito exige acreditar la existencia de un grupo criminal que opera de manera reiterada.
El fallo dictado en favor de Vargas aún no es definitivo, pues todavía puede ser apelado por la FGR.
Vargas fue detenido el 9 de septiembre de 2019 en Matehuala, San Luis Potosí, junto con su compadre José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad.
La FGR acusó a Collado, Rico y Vargas de constituir un grupo delincuencial que presuntamente simuló la compra del edificio sede de Caja Libertad, por 156 millones de pesos, en una operación registrada el 25 de marzo de 2015.
Vargas fungió como vendedor mediante un poder para actos de dominio y administración que le otorgó José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, accionista de Operadora de Inmuebles del Centro.
La FGR sostiene que esta compraventa fue una simulación porque Rico en su momento tuvo el 50 por ciento de las acciones de la inmobiliaria vendedora; además, el dinero de la compra venta después fue transferido a compañías presumiblemente vinculadas al propio Rico y a una cuenta de Collado.
En este asunto, José Antonio Rico es el único sentenciado, con 15 años de prisión. En tanto, Collado aún está a la espera de fecha de juicio, al igual que Hernández.
