El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) en Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo, advirtió que, aunque el paro nacional de transportistas convocado el pasado seis de abril no se concretó en su totalidad, persiste una amenaza latente de bloqueos carreteros en distintas regiones del país.
El representante empresarial señaló que ya se han registrado cierres en estados como Guanajuato, Sinaloa y Sonora, lo que mantiene la preocupación en el sector. “Si bien es cierto no se concretaron en su mayoría y que no hubo mayores afectaciones, sí continuamos con la amenaza latente de los transportistas y de los posibles bloqueos carreteros”, expresó.
En ese sentido, hizo un llamado a autoridades y manifestantes a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a la actividad económica. “En la CANACOPE Querétaro hacemos un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a los manifestantes, a que actúen con responsabilidad en donde se privilegie el diálogo y se protege el libre tránsito, el abasto y la actividad económica nacional”, indicó.
Chávez Hidalgo advirtió que este tipo de movilizaciones puede impactar corredores logísticos y rutas clave para el comercio. “Podrían impactar accesos carreteros claves, corredores logísticos estratégicos y rutas fundamentales para el comercio, la distribución de mercancías y la movilidad de trabajadores, consumidores y turistas”, señaló.
Asimismo, destacó las repercusiones directas en micro, pequeñas y medianas empresas. “Una afectación de esta magnitud no solamente repercute en el transporte de cargas, sino también golpea directamente a miles de micro, pequeñas y medianas empresas, comercios, prestadores de servicios, destinos turísticos y por qué no decir los negocios familiares”, afirmó.
El líder de CANACOPE reconoció que existen demandas legítimas por parte del sector transportista, como la inseguridad y los altos costos operativos, pero consideró que estas no deben trasladar sus efectos a terceros. “Se tratan de demandas legítimas que requieren de atención institucional y seguimiento puntual. Sin embargo, consideramos que ninguna inconformidad debe de resolverse trasladando sus costos a terceros”, puntualizó.
Finalmente, exhortó a las autoridades federales a dar seguimiento a las mesas de trabajo y a la ciudadanía a mantenerse informada. “La prioridad debe ser prevenir mayores daños a la economía cotidiana, proteger el empleo y garantizar que cualquier demanda se encauce mediante acuerdos, legalidad y coordinación institucional”, concluyó.
