Molestia ha generado entre los líderes de oposición la llegada y la distribución de la vacuna contra el COVID 19 por parte del gobierno federal, a lo que le quieren ver tintes políticos, más ahora que, coyunturalmente, las elecciones intermedias están a seis meses de distancia. La pandemia no fue provocada ni deseada por ninguna nación o empresa, ni en el más descabellado escenario de una conspiración internacional, pero lo que es un hecho es que es a los gobiernos, a lo largo del mundo, a quienes ha correspondido la compra, distribución y aplicación de la tan esperada vacuna. ¿Por qué entonces el reclamo opositor?
El desarrollo de un medicamento que pudiera prevenir el contagio del coronavirus ha sido por meses uno de los objetivos más importantes para las naciones en todo el planeta, así como de los laboratorios farmacéuticos, quienes obtuvieron importantes cantidades de recursos para acelerar su desarrollo y obtener un producto final que cumpliera con los protocolos para ser aprobado por las principales agencias reguladoras de medicamentos.
Finalmente, la vacuna se desarrolló y aprobó, empezando a aplicarse hasta ahora en pocos países, siendo México de los primeros en el mundo y el primero en Latinoamérica, lo que implicó mucho trabajo previo de la Cancillería, así como el pago para asegurar que llegaran las primeras dosis antes de terminar este 2020.
Ahora, el gobierno tiene el control de la distribución y aplicación de la vacuna, como sucede prácticamente en todos los países donde hoy se aplica. A lo anterior, algunos personajes de la oposición, más preocupados por sus intereses personales o partidistas, están demandando, entre otras cosas, que pudiera ponerse en manos de la iniciativa privada parte o toda la labor de poner la vacuna. Aunque viable, esto podría poner en riesgo dos de las promesas que hizo la federación con respecto a la vacuna, que sería gratuita y universal.
El sector privado tiene como fin primordial el de obtener un lucro lícito con sus actividades. Es cierto que no ha faltado generosidad o solidaridad, pero para efectos de la aplicación los hospitales privados podrían y tendrían derecho a una contraprestación económica, lo cual rompería con el principio de gratuidad y eventualmente de universalidad, ya que la vacuna la obtendrían quienes puedan pagar por ella y no todo el que la necesite. Tampoco se ha descartado la posibilidad de que en el futuro haya una alianza entre sector público y privado para agilizar una compleja y titánica labor que significará llegar a toda la población en el menor tiempo posible, pero hasta hoy el gobierno federal ha seguido una estrategia que empata con la de otras naciones, incluso en el hecho de que sea el ejército el encargado de coordinar estos esfuerzos que son de seguridad nacional, tomando en cuenta el temor fundado de que el crimen organizado pudiera encontrar en el robo de las dosis de vacunas un negocio lucrativo que pondría en riesgo no sólo la gratuidad y el esquema ordenado de aplicación, primero a la población más vulnerable, sino también el buen estado de la vacuna que garantice su eficacia.
Las razones para que hoy sea el gobierno federal quien controle la aplicación de la vacuna son lógicas, procurando el bienestar de los mexicanos, pero quizá a la oposición sólo le interesa que esto no les perjudique en el resultado electoral de junio de 2021, donde es su bienestar particular lo que podría estar en juego.
Notario y Maestro en Políticas Públicas
@AMaximilianoGP
