Juan Carlos García Rivera , vinculado a la empresa KBH Track, filial mexicana del consorcio Israelí NSO Group, y proveedora del programa de espionaje Pegasus, fue detenido el pasado 1 de noviembre aquí en Querétaro. De acuerdo a la información que ha trascendido, fueron agentes de la Fiscalía General de la República quienes se trasladaron a la entidad para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de quien se desempeñaba como empleado de Proyectos y Diseños de KBH Track para espiar a periodistas.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur vinculó a proceso a García Rivera por el delito de intervención de comunicaciones privadas y fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria, es decir, para que la FGR y la defensa reúnan sus datos de prueba.
“Como medida cautelar, se determinó que esta persona permanecerá en prisión preventiva justificada, derivado del peligro de fuga y de los riesgos que representa para la seguridad pública y de las personas relacionadas con el proceso”, informó la Fiscalía.
La carpeta de investigación se inició contra el indiciado por una demanda interpuesta por la periodista Carmen Aristegui quien además de un testigo, proporcionó pistas que llevaron a obtener evidencias en contra de García Rivera. La dependencia federal explicó que Rivera fue procesado en términos del artículo 51 del Código Penal Federal, que permite aumentar hasta en una tercera parte las penas privativas de libertad cuando el delito se comete en contra de un periodista con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión “En este procedimiento, Carmen Aristegui logró aportar a un testigo fundamental, quien proporcionó los datos necesarios para establecer que la empresa israelí NSO Group, propietaria del software Pegasus, utilizaba a la empresa operadora mexicana ya señalada, de la cual se obtuvo un disco duro, en el que se demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hayan identificados plenamente para efectos judiciales”, dijo la FGR.
Por esta razón, si el ahora procesado fuera declarado culpable, el castigo que podrían imponerle sería de 8 a 16 años de prisión y de 300 a 600 días multa.
