Con fecha 19 de junio de 2021, se dio a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el aseguramiento en Puerto Progreso, Yucatán, de 27 contenedores, 25 de ellos con madera de la especie granadillo, flora endémica que se encuentra regulada por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés). Dicha madera especie granadillo, que se pretendían exportar de manera irregular a China, se estima que tiene un valor en el mercado negro de hasta seis mil dólares el metro cúbico, lo cual representa en el global, de los 25 contenedores, un valor aproximado de entre tres millones y tres millones 750 mil dólares.
Cabe destacar, que la investigación se inició a partir de una denuncia ciudadana anónima, y derivado de lo anterior, del 5 al 9 de junio del 2021, se realizaron inspecciones y tomas de muestra de 27 contenedores en Puerto Progreso, los cuales fueron asegurados, dado que en su interior contenían madera en representaciones de troncos y en barra procesada.
En dicha investigación participaron la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Federal Ministerial (PFM), Unidad de Inteligencia Naval (UIN), y el Centro de Fusión de Inteligencia (CENFI), ambos de la Secretaría de Marina (SEMAR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en contra de una organización criminal transnacional dedicada a cometer dichos delitos.
Desde el 2008 que publique el libro, titulado “La Guerra por el Bosque” concebí el concepto de la “cadena delictiva ambiental” en el cual lo importante ya no es el recurso natural como sucedía en la tala clandestina o la tala hormiga, sino aquí lo relevante es la organización criminal, que sólo toma como base material del delito el recursos natural, pero sólo para provocar un espacio de gobernabilidad criminal o delictiva, que trastoca los controles sociales del delito y aprovecha la debilidad institucional, fundado lo anterior en la oferta de ingresos, la compra del silencio o complicidad, y el sometimiento por la fuerza y el miedo de los ciudadanos. Ello, nos adentra en la relación contradictoria entre el agotamiento del recurso forestal y la existencia del crimen organizado.
Crimen organizado, no es otra cosa que la actividad con temporalidad permanente de un grupo que posee estructuras y jerarquías que operan en la ilegalidad, haciendo uso de la violencia, coerción y corrupción del aparato burocrático y cuyo fin es la acumulación de la riqueza económica y cotos de poder, a costa del deterioro, agotamiento y perdida de los recursos naturales, pero a ello, hay que añadir que el crimen organizado evoluciona por etapas y adopta características y patrones de comportamiento organizativo y funcional, espacial, de peligrosidad y por especialidad en función del recurso natural del que se apropia, transforma y comercializa.
La modalidad que asume como cadena delictiva se basa en la división del trabajo( diferentes funciones y roles), organización por grupos y especialización por zona, ambas con un nivel de integración como proceso, pero independientes como unidades económicas, y por otra parte, existe un proceso de integración de giros criminales como robo de vehículos, asalto, protección armada, uso de despachos, empresas fachada y figuras profesionales como gestores, abogados etc., lo que les permite transferir recursos de un giro a otro y facilitar el proceso delictivo hasta su final.
Así estamos ante la presencia de una economía delictiva regional que produce un ingreso o renta bruta bastante rentable e integrada a las vidas de las comunidades, el comercio y la burocracia.
Pero hay que entender, que si bien se logró asegurar el producto, ello no implica que se desmembró la cadena delictiva y mucho menos que se evito el deterioro ambiental en la zona de extracción, de ahí que como parte de la estrategia de combate a la delincuencia organizada, es la participación activa de la ciudadanía organizada, como ya se ha experimentado en zonas críticas forestales a nivel nacional, que son los Comités de Vigilancia Participativa, a fin de restablecer el control social de los delitos desde la zona. Y en adición reconstruir el área de inteligencia de la PROFEPA, que fue desmantelada al final de la administración de Peña Nieto, pues, con ello, se podrá modelizar, prevenir y sobre todo actuar sobre las figuras delictivas intelectuales y arrancar del poder de los delincuentes el control del espacio territorial.
El caso que se señala es por demás un delito en el que se utiliza la formalidad-legalidad, para poder sacar del país tanta madera ilegal, lo que nos conduce a pensar, que hay efectivamente una cadena delictiva que opera con el sistema, trámites aduanales, transportistas, tala montes, técnicos, contactos internacionales, empresas fachada para la exportación y otros tantos agentes más, para hacer posible el tráfico internacional ilegal de madera.
