Los diputados de Morena Eric Silva Hernández, María Blanca Flor Benitez Estrada, Rosalba Vázquez Munguía y María Eugenia Margarito Vázquez, anunciaron que comenzarán a trabajar una serie de reformas a la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro.
El legislador Eric Silva mencionó que buscarán modificar al menos 19 artículos, uno de ellos en relación con la garantía de que no se presenten proyectos sin un marco jurídico que proteja a los queretanos.
“Es el tema de prohibir el uso de aguas residuales para consumo humano. Si bien ya sabemos que existe una norma federal, que es la 127 que expresamente lo dice y lo prohíbe, nosotros lo que pretendemos es poder homologar lo dispuesto en esa ley pero en la ley de aguas del estado de Querétaro, con la finalidad de que cualquier otro posible proyecto que se pueda plantear o se pueda llevar a cabo, deje de lado y deje fuera la posibilidad del agua de reutilizar el agua de reuso para el consumo humano“, advirtió.
Sin embargo, el legislador rechazó que esta reforma propuesta sea un “candado“ para evitar que avancen proyectos como el Sistema El Batán, o para proyectos similares.
“No es un tema de prohibir, sino de homologar la norma. Simplemente, si en algún momento algún futuro proyecto nos garantiza que se cumple a cabalidad la norma, entonces va a tener viabilidad. Lo que tenemos que hacer en este momento es empezar a verificar si verdaderamente estas normativas y si lo que en este momento se plantea va de acuerdo con base derecho, hasta este momento, con base a la norma. Lo único que estamos nosotros queriendo es hacerla también local“, argumentó.
Asimismo, la diputada María Blanca Flor Benítez explicó que en las reformas a la Ley de Aguas del estado se busca establecer la obligación de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), para que sus ingresos se inviertan en más infraestructura, sobre todo, en aquellas zonas de comunidades alejadas y de la Sierra Gorda, donde no existe para el suministro de agua potable. Agregó la obligación de generar tarifas justas.
Además, señaló que contempla la creación de una Contraloría social que permita garantizar la transparencia en el gasto e inversiones de la CEA; y la elaboración de un Registro Estatal de Derechos, con datos de concesiones federales y estatales y que sea público para combatir el huachicoleo del agua a través de la denuncia ciudadana. Además, se brinda la facultad a la CEA para que cancele, disminuya o prohiba más concesiones en caso de estrés hídrico.
Silva Hernández estimó que en un mes y medio, después de la realización de foros y mesas de trabajo con colectivos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas y autoridades, se pueda ingresar la iniciativa.
