Días antes de que PLAZA DE ARMAS diera a conocer que en Querétaro, el gobierno de Francisco Domínguez Servién y el constructor prófugo, Manuel Barreiro Castañeda crearon un fideicomiso para dotar a la Advance Real State 2 de un terreno propiedad del estado de 103 hectáreas en el Aeropuerto Intercontinental y 75 millones de pesos del erario, el empresario queretano promovió amparos para impugnar el congelamiento de cuentas de esa y otras dos compañías.
Las empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 (fideicomitente ante el gobierno) y Aspen Partners Invesco II, presentaron entre el 1 y el 15 de febrero al menos cuatro amparos para impugnar el congelamiento de sus cuentas.
Las empresas mencionaron en sus amparos a la Comision Nacional Bancaria y de Valores como autoridad responsable de ejecutar los congelamientos, aunque en realidad, ignoraban de donde provino la orden.
Sin embargo, una fuente con conocimiento del caso dijo a REFORMA que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no fue quien ordenó esta medida.
Las cuentas inmovilizadas incluyen las número 0194317955, 0105643813 y 0105643775 en BBVA Bancomer, así como 0159467180202 y 0177603980201 en Banco del Bajío.
“De las manifestaciones expresadas por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se advierte que la emisión del aseguramiento haya sido emitido por alguna autoridad hacendaria con motivo de algún crédito fiscal iniciado en su contra; es decir, hasta este momento no se tiene certeza del porqué se hayan asegurado las cuentas respecto de las cuales el promovente aduce ser titular”, expuso el juez Javier Loyola.
Este juez y su colega Óscar Palomo concedieron a Advance Real Estate suspensiones provisionales para que la autoridad no remueva fondos de las cuentas, sin que ello implique que las empresas puedan disponer libremente de su dinero.
Los dos amparos de Aspen Partners, en tanto, quedaron en el limbo, pues otro juez federal de Querétaro y uno de León, Guanajuato, se declararon incompetentes para llevar los juicios, que se refieren a las dos cuentas en Banco del Bajío.
La Procuraduría General de la República (PGR) indaga desde octubre de 2017 una supuesta operación de Barreiro para ocultar el origen de los 54 millones de pesos recibidos por Anaya a cambio de la venta de una nave industrial en Querétaro, adquirida por la empresa Manhattan Master Plan Development, que según el SAT emite facturas por servicios inexistentes.
Este domingo, Anaya sostuvo que la venta de la nave industrial a Manhattan Master fue una operación real y legal, y que esa empresa le pagó la nave industrial “con tres transferencias bancarias, provenientes de una cuenta de Banco del Bajío”, sin que el panista conozca el origen de los recursos.
Confirman suspensión en favor de Barreiro
Un tribunal federal confirmó la suspensión provisional que impide a la PGR llevar ante un juez su investigación contra el empresario Barreiro Castañeda.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró infundada este lunes, por dos votos contra uno, la queja de la PGR para impugnar la suspensión provisional, otorgada el jueves pasado por el juez Patricio Vargas Alarcón, quien prohibió resolver la carpeta de investigación UEIORPIFAM/979/2017.
Se trata de la carpeta abierta por la PGR el pasado 26 de octubre, ante la denuncia de dos personas que afirman haber participado en el esquema de Barreiro para ocultar el origen del dinero, que Anaya recibió por la venta de una nave industrial.
Los Magistrados Horacio Hernández Orozco y Miguel Sánchez Frías rechazaron cuatro argumentos de la PGR contra la suspensión provisional, entre ellos, que no se debió conceder porque el acto reclamado por Barreiro es una omisión de los fiscales para responder un oficio presentado el 14 de febrero por sus abogados.
“De los hechos narrados por la parte quejosa en su demanda de amparo, y de los documentos que anexaron a la misma, se desprende que tienen dicha calidad (de indiciados)” en la investigación, afirmó la mayoría, por lo que fue correcto conceder la suspensión.
Agregó que esta medida no impide a la PGR seguir integrando la investigación, y que si se permite presentar la carpeta ante un Juez de Control, habrá un cambio de situación jurídica que causaría daño irreparable a Barreiro y otros quejosos cuyos nombres no han sido publicados, pues quedaría consumada la etapa de investigación inicial.
El Magistrado Francisco Javier Sarabia votó en contra de la opinión de sus colegas.
El juez Vargas resolverá este martes si concede la suspensión definitiva, para lo cual ya contará con los informes que le ha rendido la PGR sobre su indagatoria.
EMPRESA FANTASMA
El Servicio de Administración Tributaria incluyó hoy en definitiva en su lista de empresas fantasma a la sociedad que le compró una nave industrial por 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, candidato Presidencial de la coalición “Por México al Frente”.
El SAT determinó que la empresa Manhattan Master Plan Development S. de R.L. es una “facturera”; es decir, expide facturas por servicios inexistentes, que permiten a terceros aplicar deducciones sobre el pago de sus impuestos.
Manhattan Master fue incluida en un listado definitivo de 49 “factureras” fechado el 16 de febrero y publicado hoy por el SAT en el Diario Oficial, lo que implica que una vez desahogado un procedimiento administrativo, la empresa no desvirtuó la presunción de que expide comprobantes fiscales por actividades inexistentes. Este domingo, el propio Anaya confirmó que en 2016 vendió a Manhattan Master por 54 millones de pesos la nave industrial, que construyó sobre un terreno baldío que adquirió en 2014 y le costó 467 mil dólares, y dijo que “por obvias razones” desconocía el origen de los recursos que le pagó la compradora.
En el caso de Manhattan Master, el oficio de presunción de que es una facturera fue notificado inicialmente el pasado 17 de octubre por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro.
La inclusión en esta lista implica que son inválidas todas las facturas y comprobantes fiscales expedidos por Manhattan Master, por lo que las personas que los aprovecharon tendrán que probar a la autoridad que las operaciones realmente existieron.
También puede haber sanciones penales.
“Las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código Fiscal de la Federación”, dice el artículo 69-B de dicha norma.
“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, agrega.
Cabe mencionar que Manhattan Master ya presentó una demanda de nulidad contra la ADAF-Querétaro ante la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con la que buscaría echar abajo su inclusión en la lista del SAT, pero dicha demanda aún no es admitida a trámite.
El 26 de octubre de 2017, la PGR recibió una denuncia de hechos por la venta de la nave industrial, según la cual el empresario inmobiliario queretano Manuel Barreiro diseñó un esquema financiero para ocultar el origen de los 54 millones de pesos recibidos por Anaya.
La semana pasada, el abogado Adrián Xamán McGregor informó que la PGR investigaba la venta simulada de la nve industrial a Manhattan Master, que habría incluido el paso del dinero a través de empresas fachada en México, Canadá, Suiza y Gibraltar.
Xamán representa a Alberto “N” y Daniel “N”, a quienes mencionó como personas contratadas por Barreiro para montar la estructura financiera que le haría llegar los fondos a Anaya. Barreriro ya fue citado por la PGR y promovió el 20 de febrero un amparo para impedir su detención, mientras que Anaya acudió este domingo a la Procuraduría para protestar por el uso político que se da a dicha institución.
Tachan de ilegal su entrada a la lista
Un despacho legal, en representación de Manhattan Master Plan, afirmó que la inclusión de la firma en la lista del SAT es ilegal y está siendo impugnada. “Se trata de una simple presunción que realiza el propio SAT”, indicó en un comunicado el despacho Mata Vadillo.
“Manhattan Master Plan Development S de RL ha aportado pruebas que acreditan la ilegal inclusión en la lista del 69-B, entre las que se encuentran una Opinión Favorable de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el propio SAT”, afirma.
POR: REFORMA Y REDACCIÓN
