Hace unos meses escribí que muchas de las soluciones que discuten en los medios sobre el bajo crecimiento económico y la inseguridad en Centroamérica deberían ser esfuerzos estructurados y promovidos desde los propios países afectados, validados con su población, legítimos desde la perspectiva de la gestión pública y consistentes con sus legislaciones y contexto interno. De cuando se publicó esto a la fecha y en particular con el inicio de la presidencia de Biden en Estados Unidos, ha habido un incremento de la migración hacia los EU, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. En las últimas fechas también se ha incrementado en forma importante la migración de mexicanos, que había disminuido en años anteriores. Esto ha traído nuevamente al debate y a la agenda pública en EU el tema de fondos de desarrollo para Centroamérica. Nada nuevo. Desde el 2001 se creó el Plan Puebla Panamá (PPP) (hoy Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica) que ha representado millones de dólares en inversión con pobres y desalentadores resultados.
En cuanto a México, esta iniciativa promovía el desarrollo de la región sur de México integrada por los estados de Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; región caracterizada por una profunda pobreza y un enorme despilfarro de riquezas naturales. De igual forma, planteaba la integración del sureste de México con Centroamérica por medio de una serie de corredores logísticos de infraestructuras de transporte (carreteras, puertos marinos, aeropuertos), comunicaciones (redes de fibra óptica) y energía (electricidad y gasoductos). Las llamadas “Iniciativas Mesoamericanas” contenían ocho componentes: desarrollo sostenible, desarrollo humano, prevención y mitigación de desastres naturales, promoción del turismo, facilitación de intercambio comercial, integración vial, interconexión energética e integración de los servicios de telecom. En papel todo sonaba muy bien.
Sin embargo, esta receta de desarrollo, que parecería bastante completa, además de la validación interna, adoleció de una inversión privada, interna y extranjera, en toda la región sureste de México y en los tres países de Centroamérica. Por retomar el tema de la cultura, en el sur de México no existe una tradición empresarial como sí hubo en el centro y norte donde ha habido una tradición de consolidación de grupos empresariales importantes. Otro de los grandes temas es que no considera temas culturales ni estructurales de los países. Por ejemplo, ¿Qué significaría en términos de inseguridad o migración tener más estructuras viales entre los países?¿Qué sucedería con el comercio interno de electricidad con una iniciativa de infraestructura eléctrica común?¿Cómo condiciona su economía y su integración el hecho que compiten entre ellos por el mismo socio comercial, EU? En muchos casos es más caro viajar entre Centroamérica que de Centroamérica a Miami. ¿Nos hace sentido? Ahora México propone replicar su programa Sembrando Vida en la región.
El desarrollo regional es un concepto amplio e integrador que debe implicar la participación de las poblaciones locales, con compromisos y una voluntad política interna real, no sólo de las cúpulas gubernamentales. Este nuevo programa propuesto, y que ya se está llevando a cabo en México, Sembrando Vida, fracasará también si parte de fuerzas externas quieren forzar cambios internos. Tendría que ser una mezcla de ambas – voluntad interna (pública, social y privada) y apoyo externo que dinamice y catapulte los esfuerzos propios que genere una avenida de éxito.
Esta columna volverá a publicarse el 21 de junio.
