En sesión de Comisión de Participación Ciudadana de la LX Legislatura del estado de Querétaro, se aprobó la iniciativa de reformas a la Ley de Participación Ciudadana, la cual incluye ampliar y facilitar la intervención de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas en los municipios y en el estado.
La presidenta de la Comisión, Graciela Juárez Montes, destacó que estas reformas a la Ley, que no se tocaba desde hace más de 10 años, permitirán que la Secretaría Estatal de Planeación y Participación Ciudadana del gobierno del estado pueda lograr los objetivos deseados, a partir del involucramiento de la sociedad civil organizada.
Además, remarcó que esta iniciativa pudo ser construida sin sesgos partidistas o de alguna corriente ideológica, pues participaron representantes de los partidos políticos, asociaciones civiles, el gobierno del estado y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
“Esta es una muestra de que, cuando no vemos colores, cuanto anteponemos proyectos políticos y vamos más allá para poder beneficiar a la ciudadanía, se pueden lograr grandes proyectos y grandes cosas. Quiero reconocer el apoyo incondicional del Secretario Antonio Rangel, para poder ser creador también. Esta ley que, sin duda alguna, será una herramienta de vital importancia para poder también llevar a cabo tu trabajo”, apuntó la diputada.
La ley suma seis mecanismos más de participación ciudadana: Consejos de Participación Ciudadana, Observatorios Ciudadanos, Presupuesto Participativo, Diálogo Ciudadano, Cabildo Abierto y Audiencia Pública. Habrá una participación directa del IEEQ en casos donde se requiera un proceso de votación.
Además, para la solicitud de un plebiscito y referéndum, la podrá hacer una sola persona; y el porcentaje de respaldos que se requieren para que las solicitudes sean procedentes pasaría de un 3 por ciento de la población a tan sólo 0.2 por ciento, para el impulso de una iniciativa; por lo que deberá pasar de 18 mil a 3 mil 700 firmas requeridas.
Referente a las audiencias públicas, en las que, con menos de 200 firmas, cualquier persona podrá solicitar un diálogo abierto con las autoridades. Anteriormente, la única forma de manifestar las inconformidades y solicitudes a las autoridades era a través de manifestaciones y protestas.
