Morena y sus aliados aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen de la reforma judicial.
Con 22 votos a favor y 17 en contra, los legisladores avalaron el dictamen que incluye 100 modificaciones propuestas por Morena y que plantea dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, para renovar la totalidad de los Ministros, los cargos de jueces y magistrados que se encuentren vacantes y dos magistraturas pendientes del Tribunal Electoral.
Plantea, además, la creación de tres comités de evaluación en cada uno de los Poderes para determinar la idoneidad de los aspirantes y la tómbola para seleccionarlos cuando haya más candidatos de los requeridos, tal como lo propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 30 de julio pasado.
Según el dictamen, los jueces, magistrados y ministros en funciones podrán ser incluidos automáticamente en las boletas, a menos que decidan declinar o sean postulados para otro cargo o circuito judicial distinto.
Señala también que la presidencia de la Corte y del Tribunal Electoral ya no serán designadas por sus integrantes, sino que recaerá en quien obtenga la mayor cantidad de votos y prohíbe la creación y el funcionamiento de fideicomisos en el Poder Judicial.
A lo largo del debate, que se extendió por más de 7 horas, legisladores de oposición advirtieron que, de aprobarse, la reforma judicial es inoperante, contraria a los derechos humanos y perjudicial para los más pobres.
En su turno, Morena y sus aliados defendieron las modificaciones constitucionales, al afirmar que tienen como objetivo acabar con los “derroches” de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña y acabar con el nepotismo en el Poder Judicial.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, adelantó que el voto de su bancada es en contra, por considerar que la narrativa del dictamen no corresponde al resultado que tendrá la reforma, lo que propone no es democrático, justo y prudente y es un riesgo para el Estado Mexicano.
Agregó que la propuesta también es inoperante, lesiona el Pacto Federal y no representa mejorar la calidad de las resoluciones, además de que es un peligro para el régimen de la protección de los derechos humanos y permite la intromisión de los poderes fácticos.
