Morena en el Senado aprobó la noche de este miércoles en lo general, con 76 votos a favor y 37 en contra, una reforma orientada a castigar con cárcel y multas la producción y suministro de vapeadores, cigarros electrónicos y dispositivos análogos.
Sin tomar en cuenta los cuestionamientos que la Oposición formuló en contra de esta “política prohibicionista”, la minuta aprobada exentó de sanciones a consumidores.
Los cambios operados en San Lázaro prevén entre uno y ocho años de prisión y multas de 100 a dos mil UMA por la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, envasado, transporte, almacenamiento, comercio, distribución, venta y suministro de esos productos con fines de comercialización.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la bancada de Morena, rechazó que la reforma implique de facto la adopción de una política prohibicionista.
“A quienes sostienen que esta es una reforma prohibicionista que vulnera el libre desarrollo de la personalidad, hay que recordarles que la libertad individual no es licencia para trasladar a toda la sociedad los costos de conductas adictivas, y menos cuando la industria diseña sabores y campañas dirigidas a niños, niñas y adolescentes”, argumentó.
“En vapeadores la evidencia es contundente respecto al incremento del consumo y una proporción muy relevante son adolescentes. Estos dispositivos no son inocuos, contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que dañan pulmones y sistema cardiovascular y funcionan como puerta de entrada al tabaquismo y al consumo dual”.
El senador Luis Donaldo Colosio explicó que Movimiento Ciudadano (MC) no podía acompañar la minuta “por un punto central que lamentablemente contamina el resto de la iniciativa de forma irreparable: la ruta prohibicionista en materia de cigarrillos electrónicos y vapeadores”.
“Una vez más vemos cómo el Gobierno renuncia a regular, a vigilar, a acompañar, porque las prohibiciones no son más que una salida fácil a un problema que no pueden o no quieren controlar. Es deliberadamente renunciar a proteger a la gente, porque prohibir no significa regular”.
En opinión del ex Alcalde de Monterrey, prohibir significa renunciar a revisar calidades y contenidos.
“Prohibir significa no establecer estándares sanitarios, ni trazabilidad o control de origen. Prohibir significa no investigar con seriedad qué está pasando, con qué productos, con qué niveles de nicotina, con qué sustancias, en qué poblaciones se están ofreciendo estos productos”, dijo.
El senador panista Raymundo Bolaños alertaría de la existencia de un mercado negro aparejado a la política prohibicionista.
“Efectivamente, hay una cultura de adicción con los vapeadores que tiene que atenderse como lo que es: como una enfermedad, pero así como los triciclos convertidos en Farmacias del Bienestar no resuelven el desabasto, un plumazo legislativo tampoco elimina estas adicciones y lo que sí hace es crear un mercado negro”, alegó.
“Prohíben comerciar, preparar, producir y fabricar, pero se permite la posesión y se permite consumir. Esto crea necesariamente un mercado negro, un mercado informal, uno donde Cofepris no tiene injerencia alguna, donde la autoridad renuncia a revisar las fórmulas que contienen, y donde todo esto el Estado mexicano entrega al crimen organizado un negocio que se calcula en 20 mil millones de pesos, sin controles, sin revisiones, sin ningún filtro”.
La priista Carolina Viggiano advirtió que “sin un análisis de impacto regulatorio, la reforma se vuelve una caja negra. No se conoce su efecto real, su costo, su eficacia ni su proporcionalidad. Falta absoluta de participación ciudadana y de actores relevantes. Pero como hoy la mayoría siente que representa totalmente al 100% del pueblo de México, pues no quiere escuchar a nadie. Es más, representa a Dios”.
