En medio de demandas de la Oposición para incrementar las penas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la expedición de una ley general en materia de extorsión.
El proyecto propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum homologa las penas para este delito de seis a 15 años de prisión, las cuales podrán aumentar hasta 25 años a partir de 34 agravantes divididas en tres.
La propuesta presidencial, aprobada por unanimidad con 456 votos, establece que el delito de extorsión será perseguido de oficio y quienes sean sentenciados no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de a pena, salvo en casos excepcionales de colaboración con la justicia, además de que las sentencias deberán incluir la cuantificación de la reparación integral del daño.
Establece también que las denuncias podrán ser anónimas, incluso a través de la línea 089; plantea la obligación de los estados de homologar sus legislaciones, y obliga a las autoridades penitenciarias federales y estatales a establecer mecanismos para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular dentro de su perímetro.
Durante el debate, diputados de la Oposición y del PT demandaron aumentar las penas y las agravantes planteadas por la propuesta presidencial para evitar que personas sentenciadas por el delito de extorsión que hoy se encuentran sentenciadas salgan de la cárcel.
El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, dijo que hasta ahora cada estado tiene su propia definición y castigo, lo que generaba vacíos, contradicciones y hasta impunidad, de ahí que la ley general establece un solo tipo penal y una misma fuerza de persecución en los tres niveles de Gobierno.
“A partir de ahora la extorsión se investigará de oficio. Ya no habrá que esperar a que una persona se atreva a denunciar para que el Ministerio Público actúe. Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque temen a las represalias y con esta ley, el Estado toma la rectoría. Si hay indicios de extorsión se investiga, se persigue y se castiga. Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades”, aseguró.
El morenista afirmó que la nueva ley no es punitiva, sino que busca justicia para tenderos, comerciantes, transportistas, familias, empresarios e incluso para empresas extranjeras que quieren invertir en México.
El priista César Domínguez advirtió que en entidades como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo tienen una penalidad superior a los 16 años, por lo que la aprobación del texto tal y como se encuentra, ocasionaría que muchos delincuentes salgan en libertad.
“En Chihuahua hay alrededor de 150 personas que van a salir en libertad por aprobar la ley como la vamos a aprobar () Si hacemos una suposición, porque las estadísticas no vienen en el dictamen, de las otras cuatro entidades federativas, estaremos hablando, más o menos de 500 personas, delincuentes de alto impacto que van a salir en libertad para delinquir en el tema de extorsión”, reiteró.
El legislador advirtió que la redacción de algunas de las agravantes consideradas en la propuesta genera riesgos, al no ser clara y estar plagada de generalidades.
“Un sindicato al cerrar una calle y exigir mejores condiciones de su salario o exigir mejores condiciones en el lugar de trabajo puede ser acusado de extorsión, porque la legislación también así lo prevé en una de las agravantes que establece, es decir, la generalidad de la norma hace que no esté tan clara y va a quedarse una interpretación”, señaló.
El panista Damián Retes aseguró que si bien la iniciativa presidencial se inspiró en una propuesta del PAN, la copiaron mal, porque para estados como Baja California el mensaje será que la Presidenta quiere bajar las penas por extorsión, ya que en esa entidad el castigo mínimo es de siete años.
Retes sostuvo que es necesario modificar la propuesta, porque la extorsión es tan grave que no sólo es el cobro de piso o las llamadas que se reciben desde los penales, sino el que se comete por servidores públicos de Ayuntamientos para expedir permisos o dejar a los comerciantes operar.
“¿Qué tienen que hacer las familias? Pagarle a la delincuencia organizada y pagarle al Gobierno ilegalmente por la extorsión que cometen. Eso se vive en el Ayuntamiento de Tijuana y se vive en muchas ciudades del país”, afirmó.
El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala, recordó que ayer, durante su comparecencia ante la Jucopo, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que la extorsión es el único delito que no ha parado de crecer sexenio tras sexenio y que incluso en el anterior aumento de 4.6 por cada 100 mil habitantes a 6.9 por cada 100 mil habitantes.
