A propuesta del Consejo Estatal de Profesionistas Inmobiliarios de Querétaro (CEPIQ), y con el objetivo de dar una fecha cierta y certeza jurídica a sus clientes, se aprobó en el Paquete Fiscal 2023 del estado, el pasado domingo, el cobro de un derecho por la inscripción de los contratos privados de arrendamiento de inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, denominado “Fecha Cierta”.
Así lo confirmó el titular de este organismo, Arturo Hernández Serrano, quien aseguró que no se trata de un impuesto, derivado de que es un servicio opcional que se comenzará a ofrecer, que no es obligatorio y es potestativo.
El empresario explicó que, a nivel federal, existía una laguna legislativa donde se obliga a la inscripción de todos los contratos al Registro Público de la Propiedad; por lo que con este pago de derecho, se protege también a los queretanos.
“No se trata de un impuesto, se trata del pago de un derecho y es para cerrar la pinza en materia inmobiliaria (…). Desde 2019, a nivel nacional, existe una contradicción de tesis publicada por la Suprema Corte de Justicia, donde exige que todos los contratos privados sean inscritos al Registro Público de la Propiedad, para que adquieran materialidad y facultades de comprobación fiscal”.
La certeza jurídica que se otorgará a los clientes con este procedimiento, explicó Arturo Hernández, se reflejará en asuntos donde exista algun incumplimento en los contratos, por ejemplo, de arrendamiento; impartiendo justicia en relacion con el patrimonio.
Además, con la nueva ley de Extinción de Dominio, que permite que el Gobierno Federal tome propiedades donde se habría cometido algún hecho delictivo, la fecha cierta protegería a los arrendatarios que pudieran haber sido engañados, para que por ello no pierdan su inmueble.
“Los contratos de arrendamiento, en caso de una auditoría, ya van a ser deducibles de impuestos. Si alguna de las partes tienen que demandar uno al otro por alguna circunstancia, tienes que tener fecha cierta. Suponiendo que un propietario le renta por accidente a un delincuente, y se incaute ese inmueble, se puede perder si no se tiene fecha cierta”.
Finalmente, Hernández Serrano estimó que esta contribución podría generar una recaudación de hasta 96 millones de pesos; toda vez que se registra un promedio de 400 mil contratos de arrendamiento al año; y se cerrarán cerca de 40 mil trámites de traslado de dominio.
“Va a ser una figura opcional, es para aquellos que quieran pagar ese derecho que les da certeza y tranquilidad jurídica. Somos el primer estado en la república, que cierra la pinza, y seguramente los demás estados de la república lo irán replicando”.
