En sesión de cabildo del Municipio de Querétaro, se aprobó este martes el nuevo reglamento de la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal; el cual incrementa las sanciones para la erradicación del abandono y el maltrato animal.
Así lo señaló el titular de esta dependencia, Luis Enrique Guerrero Rojas, al precisar que desde el año 2006, dicho reglamento no se actualizaba. Sostuvo que se han registrado en lo que va del año alrededor de 355 atenciones de maltrato animal.
Con dichas modificaciones, dijo, se da facultad a los juzgados cívicos y a la secretaría de Seguridad Pública municipal para remitir y sancionar las situaciones que se presenten; y a la dirección de Protección, Cuidado y Control Animal, para realizar campañas y operativos, además de dar cuenta de casos de crueldad y violencia animal a la Fiscalía General del Estado.
“Se establece ya la figura de rescate animal para hacer obligatorio a la autoridad acudir al rescate y atención a los animales que se encuentran en situacion de peligro, siendo el municipio de Querétaro de los primeros en incluir esta figura en su marco normativo”, puntualizó el funcionario.
Guerrero Rojas detalló que las nuevas sanciones van desde los mil 545 hasta los 51 mil 500 pesos, es decir, de 15 a 500 UMAS, en caso de comprobarse la omisión de cuidados y acciones de irresponsabilidad. En casos de maltrato, se considerarán sanciones de 30 hasta las mil UMAS, que representan de 3 mil hasta los 103 mil pesos.
Algunas de las acciones que se pueden considerar como “omisión de cuidados” y maltrato, son dejar a las mascotas en los vehículos, sin supervisión; abandonarlos en vía pública o en baldíos; cortes de orejas o cuerdas vocales; pasearlos sin correa y no recoger las heces, tenerlos en azoteas o amarrados, sin agua o comida y no contar con una cartilla de vacunación, entre otras.
Finalmente, en relación con la crueldad animal, se prevén sanciones de las 50 a las 2 mil UMAS, de 5 mil 187 pesos hasta 207 mil 480 pesos; además de que se consideran periodos de trabajo comunitario de hasta seis meses.
En este supuesto, se enlistan acciones como malas condiciones de vida en las instalaciones; características de hacinamiento, violencia y maltrato grave con dolo; y en casos extremos, se remite a la Fiscalía General.
