Una juez federal ordenó ayer en la tarde dejar en libertad provisional a ocho militares que estaban presos desde junio por la desaparición de los 43 normalistas y les fijó el pago de una garantía de 50 mil pesos para que accedan a este beneficio.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, Jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, les fijó tres medidas cautelares para que, a partir de ahora, lleven en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada.
La juzgadora les impuso a los procesados su presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, así como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del País.
Duarte Cedillo consideró que habían cambiado las condiciones por las que el pasado 22 de junio les habían dictado la prisión preventiva oficiosa y que ya no existía el riesgo de que alguno de los imputados pudiera darse a la fuga.
Una vez que cubran la garantía, abandonarán el Campo Militar Número 1.
La imputación por la que fueron llevados ante la justicia tiene su origen en los dichos del testigo protegido “Juan”, quien afirmó que los soldados estaban en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos.
Con su excarcelación, sólo quedarán presos 5 militares por el Caso Iguala.
En tanto, otro juez federal concedió un amparo a Jesús Alejandro Vera, ex Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el que invalida la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de 77.8 millones de pesos de la Estafa Maestra.
Eutimio Ordóñez, Juez Cuarto de Distrito en Amparo y de Juicios Federales del Estado de México, determinó que la orden de aprehensión girada el 31 de octubre de 2020 contra Vera carece de motivación y fundamentación, adolece de argumentos confusos, contradictorios e inconsistencias y no detalla cuáles son las pruebas para sustentar los delitos.
En la causa penal en la que se instruyó la captura de Vera, también se ordenaron las aprehensiones de otros 10 ex funcionarios y particulares, entre ellos Rosario Robles. De hecho, este mandamiento judicial sigue vigente contra la ex Secretaria y no le ha sido ejecutado por la FGR, pese a que no existe ningún impedimento para hacerlo.
