La democracia es el mejor sistema político que tenemos. En América Latina la transición a este régimen nos ha llevado muchos años y costado numerosas vidas. Sus principios fundamentales son el pluralismo, el diálogo y la representación. Por ello, el asalto de personas con posiciones de extrema derecha a las sedes del poder en Brasil es un arrebato en contra de la democracia.
Con firmeza, la comunidad internacional manifestó su apoyo al presidente brasileño entrante, Luiz Inácio Lula da Silva, y condenó el ataque a las instituciones de ese país. Afortunadamente, las autoridades retomaron el control de las calles de Brasilia y están en curso investigaciones para definir responsabilidades.
La bondad de los sistemas democráticos es que permiten dirimir de manera pacífica las diferencias entre adversarios. También aseguran un espacio en la toma de decisiones a personas de distintos orígenes, creencias, etnias, estratos sociales, géneros o religiones. Asimismo, la democracia hace posible que la mayoría ciudadana elija, con su voto, las políticas de gobierno que se deben implementar, y que el resto respete ese poder.
El asalto en Brasilia —como el del Capitolio de Estados Unidos hace dos años— es una lanza para este sistema representativo. Afortunadamente, las instituciones que se han construido son sólidas y permanecen después de 38 años de que terminó la dictadura militar en el país sudamericano.
Es cierto, la sociedad en Brasil y en otros países está polarizada. Aunque la mayoría progresista votó por un presidente de izquierda, los valores ultraconservadores recorren la región. En las elecciones del año pasado la derecha obtuvo la mayoría en el Congreso, y en muchas de las provincias ganaron simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro quien, por cierto, tardó muchas horas en emitir una postura sobre las manifestaciones extremistas. En realidad, objetó la forma de las protestas, pero no el fondo.
Las personas que arremetieron en Brasilia no aceptan el desenlace de las elecciones. Se instalaron afuera del Cuartel General del Ejército, con la exigencia de que los militares intervinieran en contra del nuevo Gobierno, con algunas manifestaciones violentas en esa y en otras ciudades. La reacción de las fuerzas del orden fue tímida para retirar los campamentos, pero elementos castrenses incluso declararon que esas expresiones poselectorales eran legítimas.
El 1 de enero, la comunidad internacional fue testigo de la toma de protesta pacífica de un líder de izquierda con una vasta trayectoria de vencer obstáculos para gobernar en favor de las personas que viven en situación de pobreza. Parecía el inicio de una transición pacífica del poder; sin embargo, el asalto del domingo mostró el daño que puede hacer la ultraderecha que no acepta las reglas del juego democrático y que busca a toda costa imponer su voluntad.
Varias acciones contribuyeron a recomponer el orden. El ministro del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, instruyó a la fuerza pública liberar los espacios ocupados por los bolsonaristas. Además, se apartó del cargo, por 90 días, al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por no haber evitado la irrupción violenta de manifestantes.
Adicionalmente y para imponer el orden, el presidente Lula decretó la intervención federal en la capital, bajo el argumento de que el Gobierno local —en concreto, la policía militar— no hizo lo suficiente para impedir los ataques. A su vez, Rocha comunicó que despidió al titular de Seguridad de la entidad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia con el exmandatario Bolsonaro.
La crisis se resolvió y volvió el orden a las calles, pero permanece el desafío de terminar con las causas del ataque y también la posibilidad de que los extremistas vuelvan a manifestarse. En tal sentido, los jefes de los poderes constitucionales de Brasil llamaron a la sociedad a mantener la calma, defendiendo la paz y la democracia. El presidente también se reunió con los comandantes de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa, para afinar los siguientes pasos después de la crisis.
Desde el Senado de México nos sumamos al llamado unánime de la comunidad internacional en favor de la paz y la democracia en Brasil, así como a la condena al ataque a las instituciones. Nuestra postura es siempre en pro del Estado de derecho y de la ley.
