A 72 horas de que inicien formalmente las campañas electorales presidenciales, la violencia política escala.
Ayer fueron asesinados Miguel Ángel Reyes y Armando Pérez Luna, candidatos de Morena y del PAN, respectivamente, a la Alcaldía de Maravatío, Michoacán.
Es la segunda ejecución de un morenista en la localidad, luego de que en noviembre pasado fue hallado muerto Dagoberto García, líder del partido en Maravatío, y quien había sido reportado como desaparecido desde octubre.
En Guerrero, Omar Jalil Flores, ex Alcalde y ex diputado local priista, quien nuevamente busca la Alcaldía de Taxco, fue víctima de un intento de secuestro, cuando circulaba sobre la carretera Iguala-Cuernavaca, a la altura del Municipio de Buenavista.
El priista cruzaba la caseta de peaje de Zacapalco cuando fue interceptado por hombres armados que viajaban en una camioneta.
En lo que va del año han sido asesinados 14 aspirantes a Alcaldías y diputaciones locales y federales en el País, según ha reportado REFORMA.
De los candidatos asesinados, cuatro eran militantes de Morena, dos de MC, dos del PRI, dos del PAN, uno del PRD, uno del PVEM y dos más que buscaban a sus compañeros desaparecidos.
Además, se han reportado tres atentados donde los políticos resultaron ilesos.
Dos asesinatos han ocurrido en Colima y dos más en Guerrero, entidad donde también ocurrieron dos atentados contra el alcalde morenista Mario Figueroa y ayer contra su opositor Omar Jalil.
En la CDMX ha habido dos ejecuciones.
Consultorías y organizaciones electorales han advertido que este proceso electoral, donde las 32 entidades tendrán algún tipo de elección, se percibe más violento que en campañas anteriores.
De acuerdo con Laboratorio Electoral, grupo integrado por académicos, a esa lista de asesinatos se suma otra veintena de personas relacionadas con el proceso, como encuestadores, funcionarios y familiares de aspirantes.
En su análisis sobre violencia en la elección 2024, la Consultora Integralia advirtió que las bandas criminales van, principalmente, por los aspirantes a las Alcaldías porque es su manera de controlar las localidades.
El INE estableció con el Gobierno federal un “mecanismo de protección a candidatos”; las peticiones de vigilancia de aspirantes a diputados y senadores que hagan los partidos deben ser analizadas y aprobadas por la Guardia Nacional.
