El informe (del Secretario de la ONU, titulado Armonía con la Naturaleza) obedece al cumplimiento de la resolución 77/169 de la Asamblea General. Y en él se exponen brevemente las actividades que se han llevado a cabo recientemente para promover un enfoque para el desarrollo sostenible que esté centrado en la Tierra, tanto en el plano nacional como internacional.
Y algo destacado del Informe es sobre la cuestión del creciente reconocimiento legislativo y judicial de los derechos de la Naturaleza.
En los diálogos que se han sostenido, se ha proporcionado una plataforma para debatir la crisis climática como crisis sistémica y multidimensional, que tiene profundas consecuencias y sensibiliza acerca de la urgente responsabilidad colectiva que implica realizar una transición hacia una producción sostenible y pautas de consumo que abordan las necesidades sociales y ambientales, tanto de las generaciones humanas como de la naturaleza, presentes y futuras.
El Informe destaca la necesidad urgente de realizar innovaciones en la ley que desplacen el énfasis desde una perspectiva antropocéntrica hacia una que sea más ecocéntrica, lo que implica reconocer a la Tierra como sujeto de derechos y respetar esos derechos intrínsecos. Además, se trata de reconocer a la Naturaleza como portadora de derechos. Y se dice que “Debería, como mínimo, otorgarse a los ecosistemas y las comunidades naturales el derecho a existir, preservarse y regenerarse para preservar toda la vida y, de ese modo, asegurar que los seres humanos puedan vivir bien con la Naturaleza, de forma permanente.”
Por otra parte, el Informe resalta la propuesta de “reconocer la importancia de salvaguardar los ecosistemas mediante el establecimiento de una declaración universal de los derechos de la Naturaleza, que reconocería la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad de los sistemas jurídicos para asegurar justicia para la Naturaleza.”
En México, el Informe documenta, que se ha hecho esfuerzos en el 2024 para incluir dichos derechos de la naturaleza, al menos en la Constitución del estado de México, con el apoyo de académicos, ONGs y legisladores.
Y en el viejo continente, allá en España, el 30 de septiembre de 2022, las Cortes Generales aprobaron la ley 19/2022, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, que se convirtió en el primer ecosistema en Europa con derechos propios.
Y en América Latina, se tiene el registro de Brasil que en los últimos dos años, se ha aprobado legislación sobre los derechos de la Naturaleza en múltiples municipios. En julio de 2022, el municipio de Serro (Minas Gerais) reconoció los derechos de la Naturaleza. En abril de 2023, el municipio de Guajará-Mirim (Amazonas) reconoció los derechos de la Naturaleza y, el 5 de junio, los derechos del río Laje. Y llama la atención de que a nivel municipal también hay ingentes esfuerzos e incorporación a su marco jurídico los derechos de la naturaleza como es el caso del municipio de José de Freitas (Piauí) en Brasil, que incorporó los derechos de la Naturaleza en su Ley Orgánica. Así como también los casos de los municipios de Alagoa Nova (Paraíba) que aprobó legislación por la que se reconocían los derechos de la Naturaleza; el municipio de Alto Paraguai (Mato Grosso) incorporó los derechos de la Naturaleza su Ley Orgánica y reconoció el principio de armonía con la Naturaleza y los derechos de la Naturaleza.
En esta medida, se tiene el caso en Ecuador, país que va a la cabeza en materia de derechos de los animales. En dicho país se obtuvo una sentencia histórica, que colocó al Ecuador en el primer país del mundo en reconocer a los animales como sujetos de derechos. La sentencia judicial, en que se sienta un precedente positivo para el bienestar de los animales en todo el mundo, trataba de un mono chorongo llamado Estrellita, que había vivido confinado ilegalmente durante 18 años en una vivienda humana. El caso se resolvió en 2022, cuando se determinó que se habían violado los derechos de la Naturaleza (del mono).
