Un equipo dentro de la Casa Blanca del Presidente Donald Tump recopiló una lista con docenas de nombres de figuras públicas en México con presuntos vínculos con el narcotráfico a los que podrían imponérseles sanciones de viaje y financieras, aseguró hoy la publicación Pro Publica.
En una investigación firmada por el periodista Tim Golden citando a funcionarios estadounidenses anónimos, ProPublica asegura que la lista fue solicitada por un pequeño grupo dentro de la Casa Blanca bajo el mando del subjefe de Gabinete del Presidente Donald Trump, Stephen Miller.
“La revisión de la corrupción relacionada con el narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información a las agencias policiales y a la comunidad de inteligencia de EU sobre figuras políticas, gubernamentales y militares mexicanas con vínculos criminales”, dice el reporte.
“Las autoridades indicaron que el grupo ha estado moldeando la política de seguridad del Gobierno con México bajo el liderazgo de Anthony Salisbury, asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca. Está supervisado por Stephen Miller, el subjefe de Gabinete en la Casa Blanca”.
Dentro del reportaje de la publicación estadounidense, el periodista Golden cita el caso de la reciente cancelación de la visa de turista de la Gobernadora de Baja California, Maria del Pilar Ávila, pero asegura que la lista incluye a más funcionarios del propio partido Morena de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
“Funcionarios estadounidenses afirmaron que prevén que más mexicanos serán blanco de ataques a medida que el Gobierno revisa una lista de varias docenas de figuras políticas identificadas por agencias policiales y de inteligencia como vinculadas al narcotráfico”, asegura la publicación.
“La lista incluye a líderes del partido gobernante de la Presidenta Claudia Sheinbaum, varios gobernadores estatales y figuras políticas cercanas a su predecesor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, según informaron los funcionarios estadounidenses que insistieron en mantener el anonimato para poder hablar sobre planes políticos delicados”.
Hasta el momento el Departamento de Estado de EU, ha evitado responder preguntas de la prensa sobre el caso público de la Gobernadora bajacaliforniana asegurando que todos los asuntos de visados así como su suspensiones son asuntos de carácter privado por lo que no pueden confirmar o negar dichas acciones.
