La LIX Legislatura del Estado de Querétaro aprobó la iniciativa que reforma al código civil del estado de Querétaro, que reconfigura el matrimonio, concubinato y adopción de parejas del mismo sexo; con lo cual Querétaro es el estado número 21 en contar con legislación incluyente en materia de derechos humanos.
Sin embargo, la sesión de pleno donde se discutiría dicho dictamen no fue transmitida de forma pública en las plataformas digitales y redes sociales del congreso local; pues solamente duró cuatro minutos cuando sorpresivamente “se cortó” al comenzar a abordar el tema de matrimonios igualitarios, para no ser retransmitida en tiempo y forma el resto de la sesión.
Asimismo, la comisión que dictaminó esta iniciativa fue la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda; cuando durante toda la legislatura se tenía en la congeladora de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Y justamente la sesión de la comisión que preside Martha Daniela Salgado Márquez tampoco fue transmitida, por lo que la reforma al código civil para permitir las uniones entre personas del mismo sexo se aprobó en total opacidad.
Pese a estos hechos, la iniciativa fue aprobada con 20 votos a favor, los votos en contra de Hugo Cabrera, Elsa Méndez, Connie Herrera y las ausencias de Verónica Hernández y Michell Torres
Cabe recordar que la iniciativa de matrimonios igualitarios contaba ya con un ordenamiento que obligaba a los legisladores a dictaminarla a la brevedad; hecho ante el cual el congreso interpuso un contrarrecurso legal.
Los diputados integrantes de la bancada de Morena se quejaron de estas prácticas, como el hecho de convocar de último minuto a las sesiones de la comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda y de la sesión de comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Telecomunicaciones y de Ecología, así como a la sesión de pleno.
Lo anterior, porque también se aprobó en comisión y sesión de pleno el dictamen de la Reformas y Creación del Código Ambiental, que contempla la conformación de un Registro Estatal de Infracciones en Materia Ambiental; sin que haya habido tiempo de analizar las condiciones del proyecto.
