Azucena Vásquez
En México, solamente 14 de 32 estados cobran impuestos verdes.
Esta situación representa una oportunidad perdida de recursos adicionales para diversos gastos, entre ellos el combate al impacto ambiental, señala el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
“Estos impuestos y derechos ayudan a estos estados a tener mayores ingresos y también a regular los contaminantes para agua, suelo, subsuelo y demás”, dijo Karla Coria, presidenta de la Comisión Técnica de Sostenibilidad de la organización.
A pesar de que dichos gravamenes son aplicados sobre todo por la generación de dióxido de carbono y las tasas impositivas varían en cada entidad, desafortunadamente en menos de la mitad de los estados se aplican, señaló.
Actualmente, los estados que aplican algún impuesto o derecho de este tipo son Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato , Baja California, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Guanajuato, Coahuila y Oaxaca, de acuerdo con información pública.
Nuevo León lidera al aplicar cuatro impulsos que son los correspondientes a impuesto ambiental por la contaminación en extracción de materiales pétreos, emisiones de contaminantes a la atmósfera, por emisión de contaminantes en el agua y por emisión de contaminantes en el suelo o subsuelo.
Sin embargo, el peso del cobro de estos impuestos es bajo, ya que la mayoría de estas entidades proyecta en sus leyes de ingresos que la recaudación de impuestos ecológicos en el 2023 será menor a 0.5 por ciento de los ingresos totales, de acuerdo con la calificadora Moody’s.
Todos los estados tendrían que aplicar el impuesto
Coria consideró que todos los estados del País tendrían que aplicar impuestos de este tipo tanto para obtener más recursos como para gravar este tipo de actividades.
“(Además), en México estamos muy atrasados en cuestiones ambientales, entonces le damos prioridad a actividades económicas independientemente de lo que estemos generando de agresión al medio ambiente”, lamentó.
Resaltó que a nivel federal no existen estímulos fiscales para impulsar que las empresas desempeñen actividades más sostenibles.
En un análisis realizado este año, Moody’s apuntó que uno de los objetivos principales de estos impuestos es la reducción de externalidades ambientales negativas, ya que están diseñados para incentivar mejores prácticas.
Afirmó que esto representa un paso importante en la implementación de políticas alineadas con los principios de ESG (ambiental, social y de gobierno).
“Pero es importante que los estados desarrollen políticas transparentes para asegurar un uso eficiente de los nuevos recursos ecológicos”, aseguró la calificadora.
