La Asamblea General de las Naciones Unidas reitera que todo ser humano nace libre e igual en dignidad y derechos, y con la capacidad de contribuir constructivamente al desarrollo y bienestar de la sociedad.
Sin embargo, el pasado 31 de diciembre, al aprobar el Llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (A/RES/75/237), 44 Estados miembros votaron en abstención, y se registró voto negativo por parte de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Hungría, Israel, Reino Unido y la República Checa.
Para hacer frente a todas las formas contemporáneas de racismo es necesaria voluntad política, pero también la integración de un diálogo abierto e incluyente, que involucre a todos y todas, ya que la responsabilidad ante este fenómeno es general.
El racismo sistémico, el uso excesivo de la fuerza, los discursos de odio, los actos de violencia y discriminatorios son una muestra de lo arraigado que se encuentra el racismo en la sociedad global. Casos concretos y más graves han derivado en la muerte de personas que, por pertenecer a estereotipos determinados, sufrieron tratos injustos y diferenciados lamentables.
Lo cierto es que cada día son más los datos, los nombres, las protestas que hacen visible esta apremiante realidad, por lo que es imposible soslayar la gravedad de las actitudes racistas, intolerantes y excluyentes a nivel mundial.
El reciente veredicto condenatorio contra el expolicía Derek Chauvin como culpable de la muerte de George Floyd, si bien marca un hito en la impartición de justicia en Estados Unidos, ésta se debe reforzar, pero no sólo en ese país, con toda una estrategia de aproximación y solución para combatir al racismo como sistema de distribución de privilegios y opresión.
Cuando se excluye a cualquier persona del ejercicio igualitario de derechos, se viola el pacto social. Por ello, una agenda antirracista debe ser integral, generarse horizontalmente desde una trinchera social, cultural y educativa que abogue por un cambio de narrativa que sume una visión positiva de la diversidad.
El 1 de noviembre de 1966, México firmó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y la ratificó el 20 de febrero de 1975. Y en 2019, el Senado de la República aprobó la reforma al artículo 2 constitucional, que reconoce a las personas afromexicanas como parte de la integración pluricultural de nuestro país; es decir, se reconoce la identidad jurídica al dos por ciento de la población mexicana que se identifica como afromexicana.
El reto inicia; este reconocimiento es el mínimo necesario para una verdadera inclusión efectiva en todos los ámbitos de la vida nacional sin distinción.
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