Norberto Alvarado Alegría
En 1992, Carlos S. Nino publicó Un país al margen de la ley. En esta obra entraba al debate sobre las razones que justificaban el subdesarrollo argentino, y que bien pueden aplicarse al caso mexicano; Nino ponía el acento en el rechazo a las normas y la tendencia a la ajuridicidad (falta de derecho) característica de la sociedad, tanto de la ciudadanía como de los poderes públicos, a este fenómeno lo denominó, como Anomia.
Es el factor anómico el que explica el subdesarrollo del Estado. Son las prácticas consentidas de corrupción y favoritismo, así como los problemas de representación política interrelacionados con ellas, las que provocan directamente la incapacidad del sistema político para satisfacer las expectativas de sus integrantes en términos de derechos y beneficios. El político actúa en representación de intereses oligárquicos o corporativos, pero no generales; el funcionario privilegia el favoritismo y no el mérito; y el ciudadano evade impuestos mientras reclama prestaciones sociales. Todo ello actúa en detrimento del Estado de Derecho y termina afectando a toda la sociedad.
En este contexto, la crisis del Estado de la que hablamos significa básicamente crisis de la soberanía estatal, que se manifiesta en la dislocación de crecientes porciones de poderes y funciones públicas, tradicionalmente reservadas al Estado, dentro y fuera de sus fronteras nacionales. En la época de la globalización, el futuro de cada país depende cada vez menos de la política interna y cada vez más de decisiones externas, tomadas en sedes políticas supranacionales. Esto no resulta difícil de comprender, la reciente elección de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica es el más claro ejemplo de cómo estos fenómenos políticos repercuten en las economías nacionales, como la mexicana.
De igual manera existe una ausencia de un derecho fuerte, que ha sido sustituido por las reglas impuestas a mayor o menor medida, por el crimen organizado, los poderes económicos, el hastío social y la necedad del partido mayoritario.
Estos incentivos perversos han permitido reemplazar progresivamente la cultura cívica y de observancia del derecho, por una especie de acciones por rendimiento de cada grupo o factor de poder, que toman en consideración la situación de incertidumbre, violencia y corrupción que impera en un gran territorio del país. En este contexto se sobreponen estos actores legítimos o ilegítimos, sobre el Estado y sus autoridades, y se arrogan decisiones que no les han sido atribuidos democráticamente.
Así, tenemos que hoy el crimen se organiza como una estructura económico-financiera que produce mayores ingresos que ciertos rubros de le economía formal, distribuye territorios, establece reglas de competencia y precios de mercado, genera estabilidad en ciertas zonas o regiones, pero también juzga y ejecuta sumariamente, desde personas de las que nunca se sabrá su identidad, hasta funcionarios públicos, incluyendo presidentes municipales.
En este contexto, bien nos viene la concepción clásica de Constitución de Ferdinan Lasalle, que la define como el arreglo de los factores reales y efectivos del poder en un país determinado. El grave problema que se nos presenta es empezar a reconocer a estos fenómenos de ilegalidad y violencia con tal carácter. Estos poderes salvajes o fácticos, socavan la soberanía interna y externa, de manera difusa, invisible, anónima, irresponsable, voraz, excluyente y predatoria como los califica Luigi Ferrajoli.
En otras palabras, las decisiones relevantes lamentablemente ya no corresponden exclusivamente a los poderes estatales (o bien nunca correspondieron hasta la aparición del Leviatán), sino a poderes supra o extra estatales, o peor aún, a los poderes facticos, que están sustraídos a cualquier control popular. Ni las autoridades ni los ciudadanos somos ya destinatarios sólo del derecho interno, sino también de una extensa red de reglas impuestas a través del miedo y la incertidumbre que genera la violencia en todas sus formas de expresión.
Para ello, hay que tener en cuenta que en esta situación concurren dos notas; por un lado, la inobservancia normativa generalizada, y por otro, la ignorancia de los fines que persiguen las normas. Hay razones para afirmar que este escenario de anomia existe actualmente en buena parte del país.
Es importante señalar que el incumplimiento de los preceptos constitucionales y legales afecta negativamente a muchas personas, pero no a todas. Hay sujetos e intereses que se benefician claramente de esta particular situación de falta de ley, y lo hacen entre otros instrumentos a través de pactos corruptivos que sustituyen al derecho.
Detrás del incumplimiento de normas puede haber, por supuesto, intereses estratégicos, políticos o económicos, pero siempre ilegítimos que dan lugar a diferentes mentalidades incumplidoras, que sin darnos cuenta aceptamos y adoptamos, primero tácita y finalmente de manera expresa.
El cumplimiento de las normas jurídicas, sociales y morales evita disfuncionalidades y hace así más eficientes las relaciones dentro del grupo social, por eso la urgencia de debatir sobre el tema.
Conviene destacar que la ineficacia del sistema jurídico puede dejar sentir sus efectos sobre una pluralidad de sujetos y situaciones, pero que no en todos los casos el resultado puede ser descrito necesariamente como negativo; pues un sistema jurídico puede ser ineficiente en el sentido de no satisfacer a la mayoría, pero muy eficiente a la hora de garantizar la protección de intereses particulares, corporativos u oligárquicos, como sucede desde hace mucho tiempo en México, y sigue sucediendo con y a pesar de la Cuarta Transformación.
Con las reformas constitucionales que se han dado en exceso, entraremos en una crisis que hace difícil satisfacer una serie de elementos del Derecho, como la generalidad, comprensibilidad, estabilidad, publicidad e irretroactividad de las normas, además de la congruencia entre su creación y aplicación, es decir, la prohibición de la arbitrariedad, que son requisitos de índole formal, compatibles con contenidos de las normas ciertamente variados. Su satisfacción es condición necesaria; su incumplimiento, puede llegar a constituirse en causa de autoritarismo o anarquía.
Hoy tenemos una Constitución dogmatizada y que se modifica al contentillo de los dueños de Morena y del Congreso, que amparados en una mayoría artificial intentan imponer una sola visión del mundo. Se trata de un texto con vocación invasiva y desbordante que socava los derechos y libertades de las personas.
Esta pseudo constitucionalización se completa con la rigidez que prohíbe el análisis de su contenido, pero que en un abierto ilícito atípico impulsa procedimientos de reforma al vapor, y evita su defensa.
Ellos mismos, no dudan en hacer cambiar las normas constitucionales en favor de sus intereses oligopólicos y populistas, en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía, sin respetar principios tradicionales del constitucionalismo democrático.
