El secretario Antony Blinken presentó el Informe 2023 sobre Derechos Humanos, una publicación anual del Departamento de Estado desde 1977, que evalúa la situación de los derechos humanos en alrededor de 200 países y territorios, aplicando un criterio uniforme a todas las naciones. Si bien el enfoque principal es en los problemas de derechos humanos en el extranjero, es importante destacar que no excluye a los Estados Unidos de sus críticas, reconociendo sus propios desafíos en esta área.
El reporte advierte que México enfrentó durante el último año serios problemas de derechos humanos, incluyendo “casos creíbles de asesinatos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura cruel e inhumana y tratamientos degradantes o castigos” por parte de las fuerzas de seguridad.
Además, se señalan serios problemas de independencia judicial y restricciones graves a la libertad de expresión y prensa, incluyendo actos de violencia contra periodistas, atribuyendo a AMLO un rol en la estigmatización de los medios ¿A alguien le sorprende?. No es lo único. También menciona los altos niveles de violencia de las organizaciones criminales, donde la mayoría de delitos no son investigados ni judicializados. Vale recordar que este reporte no se construye del aire, en su mayoría citan las propias instituciones mexicanas y organismos de derechos humanos que operan en el país, algunas de ellas, por décadas.
López obrador se disgustó y mencionó que esto es una interferencia a la soberanía de México. ¿Quiénes son ellos para intervenir? Según él, están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia y la soberanía de los pueblos. Lo que no quiere reconocer AMLO, es que esto no fue un invento del departamento de Estado. Esto es un mandato del poder legislativo norteamericano que desde 1977 le ordenó al ejecutivo hacer este informe anualmente. Es un ejercicio democrático que, por supuesto, él no entiende. En México el congreso nunca le va a dar instrucciones, ni siquiera le va a cambiar una coma a lo que él les instruya que deben legislar.
El informe debería percibirse como un espejo de las realidades que obliga a muchos mexicanos a migrar, debido a la inseguridad y a la falta de acciones efectivas por parte del gobierno para contrarrestar esta situación crítica. Contrario a lo que dice AMLO, en su sexenio, no se atacaron las causas.
López Obrador ha instado a Biden a apoyar financieramente a los países de América Latina para mitigar las causas de la migración. Pero surge una pregunta: ¿por qué deberían recibir apoyo financiero aquellos gobiernos que muestran serias deficiencias en el manejo de los derechos humanos y la seguridad, como se menciona en los casos de Venezuela, Nicaragua, y México?
Estos reportes y advertencias, en lugar de ser vistos como actos de injerencia, deberían interpretarse como ejercicios de soberanía y responsabilidad gubernamental. Por ejemplo, si un informe revela que en un determinado país no existe certeza que las leyes se cumplen, esto brinda a los ciudadanos y empresas norteamericanas información crucial para tomar decisiones informadas sobre viajar o invertir en ese lugar. Es una medida de protección que empodera a los individuos para gestionar sus riesgos y responsabilidades de manera efectiva.
Negar o desestimar las críticas del informe por considerarlas una intrusión a la soberanía nacional es pasar por alto la oportunidad de abordar problemas internos graves que, de no ser enfrentados, seguirán afectando el desarrollo y bienestar de la población. No es casual que Maduro y Ortega, ante las terribles violaciones reportadas en sus informes, acusaran de EU de lo mismo. Los tres generando una cortina de humo para ocultar y negar los graves problemas internos.
