Una de las consecuencias más graves del crimen organizado es la migración forzada. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha abogado por un enfoque distinto al tradicional para abordar estos asuntos, enfatizando la importancia de la voluntad popular y la necesidad de atacar las causas-raíz de la migración, junto con su “abrazos no balazos” frente al crimen. Sin embargo, la efectividad de estas estrategias claramente ha fracasado, aunque el presidente insista con sus “otros datos” el crimen organizado se ha fortalecido, la inseguridad va en aumento, y con ella la emigración mexicana, que ya había disminuido a niveles históricos en el sexenio anterior.
AMLO ha reiterado en numerosas ocasiones que “el pueblo manda”, y ha utilizado las consultas populares como herramienta para legitimar decisiones significativas, como la cancelación del Aeropuerto NAIM en Texcoco a favor de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este método de consulta directa refleja, según AMLO, un intento de democratizar las decisiones de gran calado, aunque no exento de controversias en cuanto a su metodología y representatividad.
El fenómeno migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos, exacerbado por la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades económicas, sumados al flujo de centroamericanos (muchos huyendo de lo mismo), sigue siendo una de las principales preocupaciones. López Obrador sostiene que la migración es un acto forzado, no una elección voluntaria, y que para mitigarla es fundamental eliminar sus causas subyacentes. A pesar de estas declaraciones, las políticas implementadas hasta ahora no solo no han logrado frenar el flujo migratorio ni contener la expansión del crimen organizado, que sigue imponiendo un régimen de terror en varias regiones del país.
La actual administración ha sido criticada por su renuencia a aceptar ayuda externa para combatir el crimen organizado, especialmente la ofrecida por los EU. López Obrador ha mantenido una postura de autosuficiencia, priorizando la soberanía nacional sobre la colaboración internacional en asuntos de seguridad, aun cuando esta se trate de inteligencia, transferencia de tecnología u otra. Esta decisión ha generado un debate sobre si esta estrategia es la más efectiva para proteger a los ciudadanos y garantizar su bienestar.
Ante este panorama, una propuesta que podría reconciliar la soberanía nacional con la necesidad imperante de mejorar la seguridad y gestionar la migración de manera más eficaz, es la realización de una consulta popular específica en las regiones más afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado. Esta consulta no solo abordaría la posibilidad de aceptar ayuda internacional para combatir al crimen organizado, sino que también serviría como un termómetro del sentir popular respecto a las políticas de seguridad actuales.
Una consulta tiene varias ventajas. Primero, reafirmaría el compromiso de López Obrador con la democracia participativa, alineándose con su filosofía de que “el pueblo manda”. Segundo, proporcionaría un mandato claro y legítimo para la colaboración internacional en materia de seguridad, si así lo decidiera la mayoría. Tercero, enviaría un mensaje potente a los grupos criminales, demostrando la unidad y la resolución del pueblo y el gobierno mexicano frente a la adversidad.
México se encuentra en una encrucijada crítica. La violencia y la migración forzada exigen respuestas innovadoras y audaces. Una consulta popular sobre la aceptación de ayuda internacional para combatir el crimen organizado podría ser un paso hacia adelante, siempre y cuando se realice con transparencia, inclusividad y un firme compromiso con la soberanía y el bienestar nacional. Este podría ser el momento de que México explore nuevas vías para asegurar la paz y la seguridad que su gente merece. Sin pasos decisivos, no hay buenos augurios para el sexenio entrante.
