Rubén Cortés
A quien le pagaba el gobierno mexicano por vigilar la cárcel migratoria donde quemaron vivos a 40 migrantes, es un activo en México del dictador nicaragüense Daniel Ortega. El mismo Ortega acusado en la ONU por cometer crímenes de lesa humanidad.
Sí: Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua, recibe más de tres mil millones de pesos de la autollamada Cuarta Transformación, para que su empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia vigile prisiones migratorias en México.
El periodista Carlos Loret de Mola encontró que el régimen mexicano otorga al activo aquí del sátrapa nicaragüense contratos con la FGR, el Banco del Bienestar, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, CFE y Capufe, entre otras dependencias.
Sin embargo, este carcelero no es el único activo de Daniel Ortega que se beneficia con dinero del Estado mexicano haciendo negocios con el gobierno mexicano en México: también está un familiar directo del sátrapa.
José Adán Ortega Blanco es socio mayoritario de Tecnología y Diseño Industrial SAPI de CV, que ha recibido dos mil 87 millones de pesos en contratos directos, sin ser llevados a concurso, en compra de equipos al IMSS.
Pero hay más de José Adán Ortega Blanco. Resulta que fue administrador de Segalmex, en el momento del desfalco de más de 20 mil millones de pesos, y de montar una operación secreta con la dictadura de Venezuela, en contra de Estados Unidos.
Segalmex enmascaró como ayuda humanitaria negocios sucios con la dictadura de Nicolás Maduro para violar el embargo que impuso Estados Unidos a Venezuela, por capturar el órgano electoral, pisotear los derechos humanos y expropiar empresas privadas.
El gobierno mexicano tiene una relación de privilegio con Ortega, pues está en el grupo detestable de dictaduras que avalan su sanguinaria tiranía, junto con Rusia, Bielorrusia, Cuba, Turquía, Venezuela, Vietnam, China, Corea del Norte, Irán, y Siria.
Pero hay que insistir en que esa relación es con un asesino, que desde 2018 mandó matar a 335 opositores que han protestaron contra su dictadura y, el mes pasado, les retiró el pasaporte nicaragüense y desterró a decenas y decenas de adversarios.
Además, le dio a un hombre de Ortega la vigilancia de la cárcel migratoria de Ciudad Juárez, donde un video del incendio muestra a un guardia de seguridad de la empresa del orteguista, que dejó encerrados bajo candado a los migrantes que murieron calcinados.
La empresa del orteguista acumula varias denuncias por violación a los derechos humanos, por incidentes con migrantes, algo lógico si su presidente perpetra violaciones, atropellos y abusos de manera generalizada y sistemática por motivos políticos.
Dicen lo que quieran, pero hechos son hechos: son amigos de sátrapas, y les dan lana.
