COLUMNA INVITADA
¿Quién organiza las elecciones y quién los fraudes?
El pasado 4 de junio se llevaron a cabo elecciones en cuatro entidades del país: en Veracruz se renovaron las alcaldías; en el Estado de México y Nayarit, la Gubernatura, y en Coahuila hubo elecciones para gobernador, diputaciones locales y alcaldías.
En México, como en todos los países con sistemas democráticos, las elecciones cerradas y competidas generan debates post electorales. Esto no nos hace una excepción, se trata de una característica de las democracias.
Muchos analistas y académicos que están fuera de la lógica de partidos coinciden en el hecho de que el fraude electoral es un problema rebasado por las transformaciones institucionales que hemos vivido en México en los últimos años.Desde la histórica reforma electoral de 1996, la organización de las elecciones está a cargo de órganos electorales independientes, en estos casos, del Órgano Público Local Electoral (OPLE) de cada entidad, cuyos integrantes fueron electos por el Instituto Nacional Electoral bajo criterios de independencia, méritos, conocimientos e idoneidad para el cargo, sin la intervención de los gobiernos estatales.
La propia jornada electoral fue organizada por ciudadanos libres, que sin interés partidista ejercieron su deber ciudadano para ayudar a darle credibilidad y certeza al proceso electoral. Externo mi reconocimiento a esas mujeres y hombres que participaron en las elecciones como funcionarios de casilla.
Tan sólo en Coahuila fueron capacitados por el Instituto Nacional Electoral unos 25 mil ciudadanos, de las cuales el día de la jornada participaron más de 14 mil. Esos ciudadanos independientes y libres desarrollaron las responsabilidades de funcionarios de casilla durante el día de la elección.
Todos los partidos y candidatos independientes tuvieron el derecho de acreditar representantes de casilla y representantes generales para vigilar la elección y supervisar que el proceso se desarrolle en libertad. En Coahuila, los partidos políticos y candidatos independientes registraron más de 12 mil representantes.
Una vez concluida la elección, los votos fueron contados y registrados en un acta que es firmada por los funcionarios de casilla y los representantes de partido, quienes conservan una copia exacta de dicha acta, por eso las actas tienen tanto peso en una elección.
Las actas de cada casilla son trasladadas, junto al paquete que contiene todos los votos, al Consejo Electoral, donde se contabilizan los resultados de las actas en el Programa de Resultados Preliminares (PREP).
Aun cuando existan diferencias entre los resultados del PREP y los registros de votación en manos de los partidos (generalmente debidas a errores de cómputo o de registro en las actas), el día miércoles siguiente a la elección se realizan los cómputos en los consejos municipales y distritales.
Estas sesiones se hacen ante la presencia de representantes de los partidos y tienen precisamente la finalidad de corregir cualquier error en el cómputo de los votos. En caso de que exista alguna observación razonada por parte de un partido político, las urnas son abiertas y los votos contados uno por uno para reponer cualquier error que haya existido en las actas levantadas el día de la elección.
En México, hemos invertido muchos años en la construcción y consolidación de autoridades electorales imparciales que le han dado al sistema electoral mexicano un merecido prestigio internacional. Desde hace muchos años en México, los votos cuentan y se cuentan. Los alegatos de fraude se han convertido recientemente en un recurso político que contradice la evidencia institucional y legal.
No podemos permitirnos aceptar que se siembre un ambiente de dudas sobre elecciones organizadas por instituciones independientes y ciudadanos libres. Hoy en México, se necesita más que una simple declaración para decir que hubo fraude en una elección.
La construcción de la democracia mexicana exige por parte de todos los partidos políticos responsabilidad, objetividad y voluntad de aceptar la derrota. Los resultados electorales no se ajustan a la preferencia de los partidos sino a la voluntad de los electores. Es fundamental ser responsables en el triunfo pero también en la derrota.
Entonces la pregunta es: ¿por qué el PAN ha actuado como lo ha hecho desde la noche del domingo pasado? Dada la división que hoy se vive en Acción Nacional, el rumor que de su propio partido surgió, es que a un grupo de Senadores ligados a Ricardo Anaya, se les ocurrió la perversa y descabellada idea de proponer que el estado de Coahuila fuera cedido al PAN, a cambio de que su bancada votara la ley de seguridad y el fiscal anticorrupción que el Gobierno propusiera. Imagínese usted que de ser cierto esto, dónde quedan las dos banderas de campaña que pretendieron enarbolar.
El primer paso de dicha estrategia fue que desde que concluyera la jornada electoral se empezara a construir un ambiente de duda e incertidumbre, para lo cual publicaron evidencias, que hoy se ha comprobado que son falsas, pues corresponden a procesos electorales de otro momento y otros territorios. A ello se suma la marcha para generar presión al propio Gobierno, entre otras acciones planeadas desde su cuarto de guerra.
Todas las observaciones que deban hacerse a las elecciones deben demostrarse e ir acompañadas de pruebas. Las denuncias de fraude vacías y carentes de pruebas no tienen lugar en una democracia.
Coahuila es un estado que tiene una historia de lucha y de defensa de lo que es noble y justo. Es un estado que mantiene en su orgullo histórico un legado de independencia y de rechazo a la imposición y la ilegalidad.
Nuestros antepasados nos contemplan y esperan de nosotros el valor y la entereza de señalar la falsedad donde la vemos. Como decía el coahuilense Miguel Ramos Arizpe “No vengo a mendigar favores del despotismo, la misión que me confirió el pueblo de Coahuila es de honor y no de granjería”.
