ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
El Ordenamiento Ecológico del territorio que regula, distribuye y ordena los criterios para el conjunto de las actividades que se realizan en un determinado espacio geográfico, atendiendo a su vocación, previsión, riesgos, características ambientales, productivas, de habitabilidad e infraestructura urbana, es como lo mencione en el 2012 en el libro de “La Renta Ambiental, Ordenamiento Ecológico y Acción Ciudadana” es el instrumento aglutinador que administra el orden dentro de su caótico devenir, como un proceso de re-territorialidad , es decir como proceso de re-apropiación del territorio que va geo-grafiando los usos u ocupaciones del suelo con base en unidades espaciales a las que se les asigna atributos y criterios para re-ordenar las actividades humanas, a fin de imprimirle coherencia al desenvolvimiento urbano, económico social y ambiental, que sostienen la construcción y mantenimiento de las ventajas competitivas sustentables y la calidad de vida.
Así tenemos que el estado de Querétaro es el primero en el país, en tener municipalmente y regionalmente su territorio ordenado ecológicamente. Ello llevó al conjunto de todos los actores, gobierno, sociedad civil, academia y sector privado un lapso de casi 10 años para conseguirlo. Recientemente se llevó a cabo la segunda sesión del Comité del Ordenamiento Ecológico Regional y ahí se concluyó que la consulta había terminado y ahora era tiempo de observarlo. Lo anterior confirma, sin duda alguna, que el principal instrumento de política ambiental es el ordenamiento ecológico del territorio tal como lo señalé en el 2012 en el libro citado anteriormente.
Ahora toca el turno transitar a las Unidades de Gestión Ambiental, que son la base del ordenamiento ecológico, para re-conceptualizarlas como Unidades de Gestión Territorial Inteligentes (UGTI) como unidades con interdependencia, vivas que tienen su propia dinámica para propiciar un re-ordenamiento que reduzca las presiones y las canalice a las otras UGTIs, garantizando su dinámica equilibrada y/o compensada. Ello es así, en tanto que la ciudad que tiene como base sus geometrías vinculadas a los procesos dinámicos y no lineales, es decir, procesos complejos precisamente generados por la iteración de sus elementos simples. Lo anterior implica un sistema de inteligencia del territorio, bajo un circuito planificado, más no de regulación, pero sí con suficiente peso en la toma de decisiones para contener las tentaciones políticas y económicas. En esete sentido deben ser los institutos Municipales de Planeación (IMPLAN), a los cuales habría de dotar de nuevas y poderosas facultades ( para planificar, procesar, verificar, asignar y corregir) para proporcionar a las demás áreas institucionales municipales, un diagnóstico de línea base, un marco ambiental de acción, la estratificación y organización del municipio con base en diversas variables ambientales, socioeconómicas, demográficas, de densidad productiva etc., En esta medida, entendemos que la organización del territorio es una acción consciente y compleja de una colectividad para perfilar un modelo de utilización racional, competitivo y sostenible del territorio.
En este proceso dinámico se enfrentan dos racionalidades, la del mercado que necesita beneficios particulares y la racionalidad social que se sitúa por encima de los intereses particulares. En fin de cuentas, el ordenamiento ecológico del territorio es un pacto de territorialidad para llevar a cabo actividades de diversa índole que pueden favorecer o no, a determinados actores e intereses, por ello, es un pacto para respetar espacios con un uso por un tiempo finito y, al final es un pacto que re-estructura las relaciones de poder entre los distintos grupos, actores e intereses; el ordenamiento es en sí, las nuevas reglas que se impondrán para el uso, aprovechamiento y conservación del territorio, en donde cambiarán los flujos de capital, de materia, de agua y energía, las tecnologías, el surgimiento de nuevas funcionalidades, las condiciones temporales para preservar cierta calidad de vida, la direccionalidad del crecimiento demográfico, su densidad y tipo, la administración del riesgo y seguridad, la competitividad urbana y sustentable, el espacio público y los bienes comunes, la conectividad y el aseguramiento y suministro de recursos naturales estratégicos.
