Diego Rivera Navarro, el Presidente Municipal de Tequila que este miércoles fue detenido por la Federación, llegó al cargo hace apenas 14 meses bajo el cobijo de Morena con promesas de transparencia y cercanía ciudadana.
La realidad resultó ser otra: su breve gestión acumula al menos ocho denuncias que van desde extorsión millonaria hasta violencia política de género, pasando por la apropiación de un inmueble histórico.
Asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, con un salario mensual de 64 mil 788 pesos, según el tabulador del propio Ayuntamiento.
Su primer escándalo estalló en marzo de 2025, cuando se documentó que cerró el Museo Nacional del Tequila (MUNAT) sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para convertirlo en su residencia personal y, una parte, en oficinas del Ayuntamiento.
El Edil realizó modificaciones al inmueble patrimonial -incluyendo la presunta construcción de un departamento en el auditorio- sin permiso federal, lo que constituye un delito.
En junio pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) intervino y aseguró el recinto.
La Fiscalía Anticorrupción estatal recibió seis denuncias por este caso, cuatro de las cuales fueron remitidas a la FGR por tratarse de delitos federales.
En diciembre de 2025, la empresa José Cuervo -la productora de tequila más grande del mundo- presentó una denuncia formal por extorsión contra Rivera Navarro y funcionarios municipales.
La compañía señaló que le exigieron el pago de 60 millones de pesos bajo amenaza de clausurar su planta Cuervo 1800, cuando el cobro normal de predial y licencias ascendía a alrededor de un millón de pesos anuales.
“Tequila Cuervo es la productora de tequila más grande del mundo, y trató de clausurarla con argumentos completamente inválidos”, señaló el gobernador Pablo Lemus tras el incidente.
Tras la intervención de autoridades estatales, ambas partes llegaron a un acuerdo por 17 millones de pesos. Sin embargo, al día siguiente, Cuervo presentó la denuncia penal.
Según el Gobierno estatal, al menos 10 empresas tequileras más reportaron haber sido víctimas del mismo modus operandi: cobros excesivos de impuestos y amenazas de clausura.
VIOLENCIA CONTRA REGIDORAS
Tres regidoras del Ayuntamiento -dos del PRI y una de su propio partido, Morena- presentaron denuncias por acoso político, violencia de género, amenazas de muerte y obstrucción de funciones.
Las ediles relataron que fueron eliminadas de los grupos oficiales de comunicación y bloqueadas del teléfono personal del Alcalde.
Una de ellas, Luz Elena Aguirre, denunció que tras votar en contra de un préstamo municipal por 22 millones de pesos, su escuela de idiomas fue clausurada sin justificación, se le cortó el servicio de agua y comenzó a sufrir hostigamiento en la recolección de basura.
Otra regidora, Karina Romero, señaló que un familiar suyo recibió mensajes con amenazas directas donde le advirtieron que debía “calmarla” o ella podría sufrir un “levantón” o “amanecer colgada”.
La activista Maribel Flores Salazar también denunció haber sido amenazada en cuatro ocasiones por sujetos que, según su testimonio, actuaban “de parte de Don Diego”.
Ante la presión mediática y las denuncias acumuladas, Rivera Navarro utilizó sus redes sociales para afirmar que los señalamientos son “orquestados por adversarios” y que se trata de “un tema más político que nada”.
Presentó resoluciones del Tribunal Electoral que declaran “inexistente” la violencia política de género en su contra, aunque reconoció que las denunciantes buscan escalar el conflicto a la vía penal.
Su detención este miércoles se produce en el marco de la Operación Enjambre y la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, apenas 14 meses después de haber asumido el cargo.
Este jueves Diego Rivera fue detenido por autoridades federales, junto con tres funcionarios de su administración, en un operativo coordinado vinculado a denuncias ciudadanas por presuntos actos de extorsión, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.
